Los sindicatos confirman la «parálisis» en la acción del Gobierno autonómico

CSIF-A avisa de que la «falta de impulso» del Ejecutivo y el «parón en la inversión» repercuten en el empleo. El líder de CC OO-A insta a la Junta a abandonar la «vida contemplativa» y a no perder más tiempo porque la región necesita crecer

La oposición esparció en el Plenario del Parlamento andaluz durante la sesión de control al Gobierno del jueves pasado una queja común adherida a sus diferentes intervenciones: la falta de gestión del equipo de Susana Díaz, la escasez de iniciativas y el retraso en la puesta en marcha de los proyectos anunciados. LA RAZÓN ha preguntado a varios sindicatos con representación en la Administración autonómica si compartían ese diagnóstico y de sus respuestas se deduce que sí.

El secretario de Acción Sindical de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF-A), Joaquín Álvarez, apunta la «falta de impulso» del Ejecutivo regional en el ámbito de la gestión del Presupuesto, lo que «se nota especialmente a nivel del empleo –en una comunidad con una tasa de paro que no logra bajar el filo del 29%–». «Seguimos esperando la puesta en marcha del anunciado plan millonario», desliza el responsable de CSIF-A. A ello suma un «parón en la inversión» que provoca que «se resienta el trabajo tanto en las empresas públicas como en las privadas, pendientes de las ejecuciones presupuestarias para, entre otras cuestiones, renovar o no contratos o crear puestos». Álvarez admite desconocer en qué medida influye en la situación andaluza «la general del país, pendiente de la formación o no de un Gobierno central», pero constata la «parálisis» en cuestiones en «las que el Ejecutivo andaluz tiene competencias» y asegura que así se lo han transmitido a su organización los propios trabajadores de la Junta.

Fuentes de CC OO-A, por su parte, remitieron a este diario a las palabras de su secretario general, Francisco Carbonero, quien en los últimos días ha instado al Gobierno de Díaz a «ponerse las pilas», a «reactivarse», a abandonar la «vida contemplativa» y a no malgastar más tiempo «parado y asustado» porque la comunidad necesita iniciativa para crecer. De hecho, en declaraciones a Ep, el líder regional de este sindicato aseveró el fin de semana estar dispuesto a «empujar con la Junta» para que haya «un cambio en el modelo de financiación» autonómico, dado que, a su entender, la región «no tiene capacidad económica» por sí misma para «salir de la situación» en la que se encuentra «metida».

Y hay otro ámbito concreto, el de la función pública, en el que el presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), Carlos Sánchez, constata que «también hay paralización». «Para empezar», arranca, «en la recuperación de los recortes que prometió la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en su discurso de investidura hace ya más de un año». Pone el acento en que, de momento, los empleados públicos andaluces sólo han logrado «el 25% de una paga extraordinaria de 2012» que se les «está devolviendo a cuenta gotas», y se les ha anunciado el compromiso de que «se restituirá en 2019 la acción social que también eliminaron». «Pero es que nos suprimieron cuatro pagas adicionales de 2013 y 2014 –apostilla–, que suponen la mitad del sueldo de la paga extra y que ni están ni se les espera porque ni se han puesto encima de la mesa de negociación». En ese punto, Sánchez desvela que su sindicato ha remitido un escrito a la presidenta de la Junta «recordándole su intervención de investidura y pidiéndole que cumpla su promesa de devolver todos los derechos» a sus trabajadores «porque estamos a la cola de las comunidades en ese aspecto», lamenta. El presidente del SAF abre el cuadro y anota que existe otro aspecto en el que nada se mueve: «Algunas consejerías llevan ocho o nueve años esperando para modificar sus relaciones de puestos de trabajo (RPT) y adaptarlas a las necesidades actuales». ¿El motivo de la demora? «Todo tiene que ser a coste cero, crear un puesto a costa de desdotar otro, y así es muy difícil cuadrar los cambios», explica. Por último, Sánchez no quiere dejar pasar la oportunidad de señalar que «la prevención de riesgos laborales en la Administración andaluza «es otra cosa en la que no se avanza nada y que está bajo mínimos».

Este periódico intentó sin éxito recabar también la opinión del sindicato UGT-A.