Sevilla

Los vocales de un ente de la Junta cobrarán hasta 24.000 euros sin dedicación exclusiva

La Agencia de Defensa de la Competencia, adscrita a la Consejería de Economía, remunerará a sus vocales en función de las resoluciones que emitan, informes o asistencia a conferencias, independientemente de las dietas que reciben

El consejero de Economía, Antonio Ramírez Arellano, en el Parlamento
El consejero de Economía, Antonio Ramírez Arellano, en el Parlamentolarazon

La Agencia de Defensa de la Competencia, adscrita a la Consejería de Economía, remunerará a sus vocales en función de las resoluciones que emitan, informes o asistencia a conferencias, independientemente de las dietas que reciben

La administración paralela de la Junta no solo está compuesta por los órganos administrativos o empresas públicas que dependen directamente de las distintas consejerías del Gobierno a las que están adscritas. En torno a las mismas, existe un nutrido grupo de servicios externos contratados directamente por estos entes públicos, así como personas en labores de asesoría o como miembros de vocalías de distintos ámbitos. Es el caso de la Agencia de Defensa de la Competencia.

Este organismo pertenece a la Consejería de Economía e Innovación y se creó mediante la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía tras asumir las competencias en la materia conforme a lo establecido en el artículo 58.1.5.º del Estatuto de Autonomía. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó ayer la orden por la que se determinan las compensaciones económicas de las personas titulares de las Vocalías del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía. En ella se señala que se busca un «modelo más acorde con las medidas de eficiencia en el gasto público, y a tal efecto, se establece que las personas titulares de las Vocalías no tendrán la consideración de alto cargo, desempeñarán sus funciones sin dedicación absoluta ni exclusividad y, en consecuencia, no percibirán retribuciones periódicas de naturaleza alguna por el desarrollo de las mismas, aunque tendrán derecho a percibir una compensación económica que se determinará estatutariamente».

A partir de ahí desglosa los nuevos conceptos que deben facturar estas personas. El catálogo es diverso: por la resolución de procedimientos sancionadores recibirán 800 euros; por informes que tengan por objeto un proyecto normativo que incida en la competencia efectiva en los mercados, 600 euros; por resoluciones y acuerdos adoptados en los procedimientos sancionadores o por respuesta a consultas en materia de competencia, sobre la aplicación de los principios de una regulación eficiente y sobre la unidad de mercado, formuladas por el Parlamento de Andalucía, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, las corporaciones locales, los colegios profesionales, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y, en su caso, Navegación, y las organizaciones empresariales, sindicales o de consumidores y usuarios, 400 euros; por la realización de actuaciones como miembros del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía como la impartición de conferencia o ponencia en curso, seminario o jornada por indicación de la presidencia del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, 600 euros.

En total, el artículo 3 de la mencionada Orden fija que «la cuantía de la compensación económica conjunta correspondiente a cada ejercicio para las personas titulares de las Vocalías del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía no podrá superar la cantidad de 24.000 euros».

Hay que reseñar que conforme a la ley de creación de esta Agencia, «las personas titulares de la Presidencia del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía y de las Vocalías Primera y Segunda serán nombradas por el Consejo de Gobierno mediante Decreto, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de economía, entre juristas, economistas y otros profesionales, todos ellos de reconocido prestigio».

Según figura en la página web del ente público, la Dirección-Gerencia corresponde a Mª Victoria Román González mientras que el denominado Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía está constituido por Isabel Muñoz Durán como presidenta y los vocales José Manuel Ordóñez de Haro y Luis Palma Martos. El titular del Departamento de Investigación de Defensa de la Competencia de Andalucía es Alfonso López-Escobar Anguiano; el Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de Andalucía lo dirige José Félix Riscos Gómez; como Secretaria General figura Mª Ángeles Gómez Barea.

La memoria de actividades de 2014 de la Agencia recoge que durante ese ejercicio emitió 15 informes en relación a proyectos o anteproyectos de ley de la Junta de Andalucía, algunos polémicos como el «Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 43/2008, de 12 de febrero, Regulador de las Condiciones de Implantación y Funcionamiento de los Campos de Golf en Andalucía» o el «Proyecto de Decreto por el que se regula el régimen específico de recogida y traslado de viajeros, previamente concertados, al puerto, aeropuerto y estación de ferrocarril ubicados en el municipio de Málaga, por titulares de autorizaciones de transporte público interurbano en vehículos de turismo». Igualmente emitió siete informes y estudios de promoción de la competencia (sobre colegiación profesional fundamentalmente); 47 trabajos sobre la Ley de Garantía de Mercado; cinco informes comerciales sobre grandes superficies 2014; y 7 respuestas a consultas recibidas.

Estas retribuciones no incluyen otras compensaciones económicas que puedan recibir como las dietas. El artículo 1.2 aclara que «quedan fuera del ámbito de aplicación de esta orden las dietas y gastos de desplazamiento de las personas titulares de las Vocalías del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, que se regirán por lo dispuesto en el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía». El texto legal al que hace referencia establece «que el personal al servicio de la Junta de Andalucía y Altos Cargos de la misma percibirán las indemnizaciones por razón del servicio con las condiciones y cuantías que fije la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno».