Luz verde a la reforma parcial del impuesto de sucesiones

El grueso de la modificación del tributo por cuya paternidad compiten PSOE y C’s, lo relativo al mínimo exento, no entrará en vigor hasta 2017

María Jesús Montero y Miguel Ángel Vázquez, ayer en San Telmo tras el Consejo de Gobierno
María Jesús Montero y Miguel Ángel Vázquez, ayer en San Telmo tras el Consejo de Gobierno

El grueso de la modificación del tributo por cuya paternidad compiten PSOE y C’s, lo relativo al mínimo exento, no entrará en vigor hasta 2017

El Consejo de Gobierno de la Junta dio luz verde ayer al Decreto Ley de Medidas Relativas al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que rebaja la carga tributaria de las herencias y cuya paternidad se disputan PSOE y Ciudadanos (C’s). De hecho, el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel Vázquez, recordó en la rueda de prensa posterior a la reunión de consejeros que responde a «una promesa electoral» del PSOE que la presidenta Susana Díaz introdujo en su discurso de investidura, y el líder de C’s en la comunidad, Juan Marín, mostró desde Madrid su satisfacción por que por fin se haya hecho «justicia social en Andalucía después de 35 años donde el Gobierno socialista no ha querido nunca hacer ningún tipo de reforma fiscal» gracias a la «presión» de su partido. Es más, Marín se congratuló de que se hubiera cumplido «otra de las exigencias» de la formación naranja que pasaba por que «este impuesto empezara a bajar» a partir de 2016 y «no en 2017 como planteaba el Gobierno de Díaz». Y es cierto, pero el grueso de la reforma del tributo no llegará hasta el próximo ejercicio.

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, lo explicó en San Telmo. Cifró en 125 millones el impacto que la transformación del impuesto tendrá en las cuentas regionales, pero no se notará de golpe y se amortiguará con «los mejores datos de recaudación» que permiten la «incipiente salida de la crisis» económica.

De momento, lo autorizado ayer es sólo una primera fase de la modificación de la tasa, y contempla, como una de las principales novedades, la ampliación de las deducciones por la herencia de vivienda habitual para los descendientes directos que hubieran convivido con el fallecido sus dos últimos años. La desgravación oscilará entre el 100% para inmuebles de hasta 122.606,47 euros y el 95% para aquéllos con un valor real de más de 242.000. A ello se añade una poda automática del 99% en herencias o donaciones de explotaciones agrarias para facilitar el relevo generacional en este sector clave de la economía regional. Estos cambios entrarán en vigor tras la publicación del Decreto en el BOJA, lo que la consejera situó el 1 de agosto. Pero el «error de salto», que afecta al tributo en la actualidad no se corregirá hasta la segunda fase, «lo más importante de la reforma», que está vinculado al mínimo exento y que se tramitará en la Ley del Presupuesto de la comunidad que Montero confía en aprobar «en los últimos meses del año» para que se haga efectiva el 1 de enero de 2017. Será entonces cuando se eleve el mínimo exento de tributación para las herencias recibidas por parientes directos, que pasará de 175.000 euros a 250.000. Además, para bases imponibles de entre 250.000 y 350.000 euros se creará una reducción de 200.000 que corregirá el salto en esta franja de herencias.

Competencia fiscal desleal

Tras dejar clara la jugada, la titular de Hacienda defendió lo que entiende es una mejora «justa» y «progresista». Con todo lanzó un mensaje a navegantes –en esencia a C’s y PP– . «La comunidad –afirmó– necesita una cantidad que aporta este impuesto para financiar los servicios públicos dirigidos a todos los ciudadanos, si alguna formación política tiene por objetivo su eliminación, debería plantearla a nivel de España para que no se produzca competencia fiscal desleal entre comunidades». Dicho de otra manera: «Si se quita esta capacidad tributaria, habrá que sustituirla por otra fuente financiera» para tapar el agujero en las arcas públicas.