Maldonado recurre otra vez a los fallos «administrativos»

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, compareció a petición propia y de varios grupos, para informar sobre la situación de la gestión de las ayudas con cargo al Fondo Jeremie Multinstrumento gestionado por la Agencia de Innovación Desarrollo de Andalucía (IDEA). Maldonado defendió la ausencia de fraude. «Defiendo a cientos de empleados públicos», aseguró, resaltando la creación de «más de 10.000 empleos» con los fondos Jeremie y aceptando, como mucho, «algún error administrativo».

El consejero explicó que se trata de una iniciativa de la UE con el Fondo Europeo de Inversiones y Fondos Feder controlados «por estánderes jurídicos de la UE». «Andalucía es pionera en gestión de fondos europeos», señaló, añadiendo que a las empresas en «un contexto de falta crédito» se las dotó de «un instrumento más eficiente, de carácter reembolsable, para apoyar a nuevas empresas y contribuir al cambio de modelo de subvención a fondo perdido». Maldonado señaló un «control exhaustivo» por parte de IDEA, la dirección de fondos europeos más el comité de seguimiento de los Jeremie, la Intervención de la Junta, la Cámara de Cuentas, etc.

Maldonado se detuvo en algunas de las empresas en entredicho. De Kandor Graphics, sobre la que «el atestado afirma que no hay ratificación de la comisión de asuntos económicos en las tres operaciones con esta empresa», el consejero presentó el documento de ratificación de la comisión delegada de asuntos económicos. Acerca de la «connivencia del director del Fondo Jeremie con Kandor Graphics», señaló que «su relación laboral no comienza hasta diciembre de 2012, más de dos años después de la formalización de los préstamos». De la ayuda a Urende, defendió que «el acuerdo de base no excluye a las no pymes, aunque expresa su preferencia por ellas» y que en la solicitud de diciembre de 2009 al comprobar las cuentas de 2008 «tenía fondos propios y no situación de crisis». Sobre Bogaris, defendió que la ayuda se otorgó en 55 días y no en siete. El consejero mostró su «malestar porque no se han pedido expedientes a nadie, ni documentación, ni a empleados que han participado en la gestión».

Por parte de IU, José Antonio Castro aludió al «modus operandi» de la defensa «de los ERE, la Formación...». «El Consejo de Gobierno debe mostrar preocupación», señaló, para criticar «la deriva de los fondos en el tiempo» y «la necesidad de cambiar en el tiempo Soprea, Invercaria, IDEA lejos del pim pam pum y la gresca electoral». IU abogó por la eliminación de este tipo de fondos para «dar paso a la Banca Pública de Andalucía».

Ciudadanos reclamó «mejorar el acceso de las pymes a la financiación». «La Cámara de Cuentas ya alertó en 2010 de esta práctica irregular al adjudicar a Soprea la gestión de fondos Jeremie», recordó. «Este asunto huele mal, no nos gusta nada», indicó C’s.

Por parte de Podemos, Teresa Rodríguez citó al juez del «caso Invercaria»: «Qué están haciendo ustedes con nuestro dinero». «Se ha faltado a la verdad de la forma más descarada, diciendo que desde 2011 no se han concedido. En el BOJA aparecen casi 26 millones en 2014; y en 2015 más de 20», recordó, criticando el bloqueo a la comisión de investigación de la formación durante las elecciones «como si los ciudadanos fueran menores de edad».

Por parte del PP, Carlos Rojas cuestionó el papel del consejero como «cancerbero» de la presidenta. «¿Le parecenormal y ético que quien ha concedido millones a Kandor acabe trabajando en esa empresa y dando mítines con el PSOE?», preguntó. «La Junta compra dos millones de Kandor sabiendo que no se podría recuperar. Es un eufemismo decir que no es préstamo. Lo que trasciende es que hay un fraude escandaloso. Debería ser un tema prioritario del Gobierno y salir a dar explicaciones pero van a remolque», indicó. «Las ayudas de los Jeremie afectan de lleno al mandato de Susana Díaz. ¿Con el descontrol del Gobierno de Díaz o con su mentira, con qué nos quedamos?», cuestionó Carlos Rojas para acusar a la Junta de estar «ahora fabricando informes para ir contra la investigación policial y judicial».