Manga ancha con la corrupción

La presidenta de la Junta ha quedado en evidencia con su compromiso de tolerancia cero contra la corrupción. La Cámara de Cuentas dio a conocer el jueves un informe de fiscalización de las ayudas para formación otorgadas en 2009 y 2010 por el SAE, que es uno de los más duros conocidos en los últimos años. Casi 800 millones de euros en cursos, gestionados principalmente por UGT, CC OO y la patronal, que están plagados de irregularidades, de las que se pueden derivar responsabilidades contables y administrativas. La respuesta ayer del consejero del ramo no estuvo a la altura. Cierto es que Sánchez Maldonado no dirigía Empleo en los años en los que se desarrollaron los cursos, pero es el responsable, ahora, de investigar qué ha pasado y poner el asunto en manos de la Justicia al haber indicios de peso para ello. Si el Gobierno andaluz verdaderamente aplicara tolerancia cero contra la corrupción, ayer mismo debería haber puesto los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, en lugar de anunciar auditorías que ha quedado probado que no conducen a ninguna parte. El montante de dinero bajo sospecha es de 800 millones de euros, librado en sólo dos años, cuando en el «caso de los ERE» el «fondo de reptiles» alcanzó los mil millones de euros, pero en una década. A medida que avance la investigación judicial sobre las facturas irregulares de UGT-A se irá comprobando que este escándalo supera con creces en términos económicos a «la trama de los ERE». La formación es una sentina inacabable de corrupción. Izquierda Unida se ha percatado de que es así y por eso ayer subió su tono crítico hacia la gestión de la Junta. El problema es que Izquierda Unida hace tiempo que cambió cualquier principio político por el reparto de sillones. No hace falta tanta declamación como la de Ignacio García ayer. Basta con reclamar contundencia contra la corrupción y, si no se cumple, abandonar el Gobierno.