“Marinaleda va a tener que pagar más de un millón por la mala gestión de Sánchez Gordillo”

El Ayuntamiento ha pedido un préstamo al ICO para hacer frente a sentencias condenatorias

El PSOE denuncia que se cometieron anomalías en las ayudas del PER

Los conflictos en torno al alcalde de Marinaleda (Sevilla) e histórico líder jornalero, Juan Manuel Sánchez Gordillo, no dejan de crecer silvestres. El último está relacionado con la convocatoria de un pleno extraordinario que ha concitado críticas de la oposición en dos planos: formal y de contenido. El mediático regidor fijó primero la mencionada sesión plenaria «urgente» a las 22:00 horas del pasado jueves, pero él no acudió a la cita, al encontrarse en el momento marcado «cerca de Antequera (Málaga)», según le trasladó al portavoz del PSOE en la Corporación municipal, Mariano Pradas. De forma oficial, Sánchez Gordillo alegó «motivos ajenos a su voluntad» para justificar el plantón, según consta en la segunda convocatoria del mismo pleno que finalmente se celebró ayer a las 13:00 horas y pese a «la nueva falta de respeto del alcalde» en opinión de los socialistas. He ahí la primera crítica. La segunda, la de fondo, está ligada al motivo del llamamiento a los concejales impelido por la prisa. ¿Para qué se les emplazó la noche del jueves? Había que aprobar la formalización de operaciones de préstamos con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) avaladas por la Secretaría de Estado de Hacienda el 15 de marzo, al amparo de la solicitud de adhesión al fondo de ordenación 2017 llevada a cabo por el Consistorio de Marinaleda, según se asevera en la documentación relativa a la sesión plenaria a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. Y el tiempo apremiaba porque el último día de plazo para poder hacerlo era ayer. ¿Y para qué se solicitó el dinero prestado? Sin él, el Ayuntamiento no podría hacer frente a lo mandatado en siete sentencias judiciales firmes, una de ellas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por lo que, vía otro acuerdo plenario esta vez del 16 de agosto de 2016, el equipo local acordó pedir auxilio para poder hacer frente a los 1.051.848,17 euros que suma el importe de todos los fallos condenatorios. En esencia, según fuentes socialistas, necesitan la ayuda del ICO para «devolver dinero del antiguo Plan de Empleo Rural (PER) –ahora llamado Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA)– al haberlo utilizado mal y no haber llevado a cabo las contrataciones de acuerdo a la normativa vigente». Y éste es el reproche nuclear. Pradas aseguró a este diario que su grupo había acudido al pleno y se había abstenido «por responsabilidad». «No porque Gordillo se lo merezca», lanzó. Desvela que «es habitual en el alcalde llegar tarde por norma a todas las sesiones plenarias y convocarlas de urgencia para luego no presentarse». Pero, lo que le reprocha sobre todo es que actúe «siempre a su antojo» y «ahora el pueblo tenga que pagar por su mala gestión». «Sus caprichos, el haber contratado como le ha dado la gana, le va a costar más de un millón a Marinaleda», remata.