Más de 2.600 mujeres maltratadas renunciaron al juicio contra su agresor

La mitad de los denunciados por violencia de género acaba absuelto. Hace tres años, el 70% terminaba en condena.

La violencia de género irrumpió en el debate político después de las elecciones andaluzas por las razones equivocadas. El partido de ultraderecha Vox se ha empeñado en dirigir el foco contra las personas que ayudan a las mujeres maltratadas y sus familias, en concreto a los profesionales de las unidades de valoración integral, formadas por médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales. Su programa electoral –el mismo para toda España– promulga la derogación de dicha Ley y su sustitución por otra de violencia intrafamiliar. En su ofensiva contra esta normativa, ha incluido a las asociaciones de mujeres dedicadas a combatir esta lacra social. Las denuncias falsas es el otro frente con el que tratan de horadar las políticas de protección a maltratadas. Un argumento que se desmonta por sí solo atendiendo a los datos oficiales: una sola sentencia condenatoria por este motivo en el año 2017, según la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía presentada en septiembre. Este mismo documento permite realizar una radiografía del comportamiento de la justicia en procesos abiertos contra maltratadores.

La ejecución presupuestaria es otra de las batallas que mantienen la nueva Junta y la anterior. El vicepresidente andaluz y consejero de Justicia, Juan Marín, aseguró en el Consejo de Gobierno que su consejería no gastó en 2018 el 70 por ciento de los 4,2 millones destinados a este fin. En concreto, se refiere al programa 31T, destinado a la protección contra la violencia de género en la Consejería de Justicia, del que se han dejado de ejecutar casi tres millones, según el Ejecutivo andaluz. La ex presidenta Susana Díaz respondió señalando que ese dinero llegó estando su Gobierno en funciones e imposibilitando así el gasto.

El debate estéril termina cuando se arroja luz con el inapelable dato del aumento de las denuncias cada año: 35.398 presentadas en 2017, un 18% más que el año anterior. En relación a ellas, se solicitaron 8.738 órdenes de protección: para una de cada cuatro se rechazó finalmente adoptar alguna medida. Un parámetro que choca con la aplicación de la Ley es la baja tasa de condenas: la mitad de los acusados fueron absueltos. En los tres últimos años las sentencias condenatorias han disminuido un 20%. En 2017 el descenso fue del 3%, aunque el porcentaje de condenas es del 51% del total de sentencias. El Informe de Magnitudes en Materia de Violencia de Género de enero, elaborado por la Junta, recoge que se presentaron 25.946 denuncias en los nueve primeros meses del año pasado, el 21% de las realizadas en España. Málaga y Sevilla son las provincias que acumulan un mayor número de denuncias, al alcanzar una cuota del 24,7% y del 22,7%, respectivamente. Por el contrario, Córdoba apenas llega al 5,3%.

Entre las dificultades que afrontan las mujeres que denuncian está demostrar los malos tratos si se han producido en el ámbito privado y sin dejar heridas visibles. El miedo a continuar con el proceso por las consecuencias para el maltratador –algunas continúan siendo pareja– o para sí mismas también influye: 2.625 mujeres renunciaron a declarar en contra de su agresor, interrumpiendo el proceso judicial. Constituyen el 7% de las denuncias presentadas, alcanzando el 10% en provincias como Sevilla y Málaga. En esta última, el Alto Tribunal advierte de que los «juicios rápidos» acumulan una demora de más de un año.

La Fiscalía Superior de Andalucía confirma que «las conocidas dificultades probatorias es muy posible que estén determinando cierta restricción a la hora de formular acusaciones en procedimientos en los que resulta frecuente contar únicamente con el testimonio de la víctima». «De ahí la divergencia observada entre el volumen de incoaciones y el porcentaje bajo en la formalización de acusaciones», señala.

Sin embargo, advierte de que hay muchos casos en los que las víctimas han hecho uso de la dispensa a declarar prevista a favor de testigos familiares del acusado prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal sin que fuera «en puridad» aplicable, «dando lugar a numerosas sentencias absolutorias, afectando a juicios por delitos de quebrantamiento de pena de alejamiento y de impago de pensiones». «Hemos recurrido –concluye– en algunos casos esas sentencias absolutorias y la Audiencia ha acogido nuestro criterio interpretativo».

La Fiscalía Superior advirtió igualmente del «colapso» que sufrían para controlar el cumplimiento de los quebrantamientos de penas y medidas de alejamiento. El TSJA, por su parte, destaca el incremento del 26% en menores juzgados por delitos de violencia de género.