Más de la mitad de las resoluciones firmes de reintegro, impugnadas por beneficiarios

Cinco años después de que estallase el «caso ERE», la Junta de Andalucía no es capaz de responder a una simple pregunta: ¿cuál es el importe de las cantidades recuperadas? De los tristemente famosos 855 millones de euros que «habría supuesto la ilegal aplicación de fondos públicos» en esta trama, según la exposición razonada que la juez Mercedes Alaya envió al Tribunal Supremo en agosto de 2014, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha reclamado con resolución firme de las ayudas 84,5 millones de euros, ni un 10%, y reconoce que más de la mitad de esta cifra se halla impugnada judicialmente por los beneficiarios, tanto empresas como trabajadores y ayuntamientos.

Desde septiembre de 2014, cuando el consejero José Sánchez Maldonado informó de que «en periodo voluntario» habían sido devueltos 1,2 millones de euros (un 0,14% del fraude investigado), el Partido Popular ha solicitado periódicamente conocer a cuánto asciende el dinero recuperado tras las gestiones administrativas y judiciales llevadas a cabo por el Gobierno de Susana Díaz. Hasta el pasado 4 de enero no ha estimado oportuno el consejero firmar una respuesta conjunta a estas preguntas escritas dentro del control de la acción de Gobierno que compete a la oposición y que fue publicada en el Boletín Oficial del Parlamento Andaluz (BOPA) ayer mismo. En concreto, a una batería de cuestiones formulada allá por el mes de septiembre de 2015 por la parlamentaria Teresa Ruiz-Sillero.

La popular pregunta por el importe de las «cantidades reclamadas» por la Administración «por las ayudas sociolaborales concedidas a trabajadores afectados por ERE y a empresas en crisis, otorgadas entre 2001 y 2010, mediante la partida presupuestaria 31L», por el número de «resoluciones firmes de reintegro que han sido impugnadas», el importe al que ascienden y el desglose de las dichas impugnaciones realizadas por trabajadores, empresas y ayuntamientos; y, por supuesto, por las «cantidades recuperadas» finalmente.

¿Y las «recuperadas»?

Sánchez Maldonado responde que «el importe de las cantidades reclamadas con resolución administrativa firme de las ayudas asciende a 84.574.606,5 euros». Con el siguiente desglose: «74.859.800,51 euros a empresas, 6.568.308,19 euros a trabajadores y 3.146.497,80 euros a ayuntamientos».

Sin precisar el número total de ayudas reclamadas, Sánchez Maldonado indica que 108 de ellas han sido impugnadas judicialmente: 31 por trabajadores, 69 por empresas y 8 por ayuntamientos. Todas ellas suman un importe de 44.655.745,26 euros (52,7% del total). Por lo tanto, un lustro después de iniciado el proceso y, pese a la teórica implicación de la propia presidente en la recuperación de fondos públicos gestionados de forma fraudulenta, la cantidad recuperada sigue siendo de sólo 1,2 millones y porque los beneficiarios de las ayudas decidieron de «motu proprio» reembolsarlos.