«Ni un euro» para los contratos y los expedientes «paralizados»

Sevilla- Los ayuntamientos no han recibido hasta el momento «ni un euro» del decreto-ley de la Junta contra la exclusión social para realizar contrataciones. El PP-A considera que los andaluces se hallan ante un «nuevo engaño» y recordó al vicepresidente Valderas que las corporaciones locales «no pueden contratar si no les llega el dinero». Así lo puso de manifiesto la vicesecretaria de Políticas Sociales, Dolores López, en el balance que su partido hace de la materia. A su juicio, PSOE e IU «faltan a la verdad y cuestionan las capacidad intelectual de los andaluces». A la hora de decidir qué política llevar, mantiene la «popular» que el bipartito optó por recortar en materia social antes que meter la tijera a la administración paralela».

«No hay más deuda que no pagar». La Junta debe 30 millones a la Federación de Personas con Discapacidad o 15 millones a los Centros Especiales de Empleo.

Según los datos ofrecidos por el PP, el recorte presupuestario que ha sufrido el programa de atención a la dependencia ha sido de 78,2 millones respecto a 2012, pero en el caso de las partidas destinadas a los trabajadores de refuerzo se ha recortado un 50%.

Igualmente, López criticó el recorte de un 90% en la subvención a Cáritas, que cubre la primera necesidad de las familias en riesgo de exclusión, mientras el Gobierno central y la Unión Europea han aumentado sus aportaciones. Los ayuntamientos no han recibido más de 40 millones del servicio de ayuda a domicilio y más de 120 del plan de Cooperación Municipal, según aseguró.

La Consejería de Salud rechazó estas acusaciones «completamente sesgadas» y replicó que durante los dos últimos años el Gobierno central ha recortado 214 millones a la comunidad en materia de dependencia. «Es el PP el que prescinde sin pudor de dar cobertura financiera a los servicios orientados a las personas más vulnerables», asegura para destacar que el Gobierno se ha ido retirando progresivamente de la financiación de la Dependencia y ha pasado de aportar el 50 % de los fondos para aplicar la Ley en 2007 a aportar actualmente en torno al 25 %.