«Nos guste o no, la primera opción de las familias suele ser un centro concertado»

La Junta de Andalucía apuesta por la educación pública, pero no cierra los ojos ante la realidad social. La escuela concertada no sólo tiene demanda sino que resuelve problemas allí donde la Administración no alcanza. En el eterno debate con Izquierda Unida y Podemos, la consejera del ramo, Sonia Gaya, terminó espetando a Antonio Maíllo: «Nos guste o no, la primera opción de las familias suele ser un centro concertado». Como cada año, el cierre de líneas para el nuevo curso por razones demográficas da pie a una discusión que el Gobierno andaluz finiquita con números: el 94% de las familias obtiene plaza en «alguno» de los centros solicitados.

La consejera Sonia Gaya informó a petición propia en el seno de la comisión de Educación de los resultados del informe «Repensar la Primaria» y de las medidas a adoptar el curso 2018-2019 que supondrán «el principio de un proceso de mejoras permanente». El gobierno andaluz ha optado por oír al profesorado –a través de los claustros– para aplicar cambios. El primero responde a la demanda de más docentes. El 81% de los centros piensa que el primer factor que determina el éxito educativo es contar con una plantilla suficiente. Por ello, según Gaya, la presidenta Susana Díaz ya ha anunciado la ampliación de 1.300 plazas en Primaria, 500 de ellas desde el próximo septiembre.

Siguiendo el criterio del profesorado, la consejería dará instrucciones a los centros para que den más peso a tres materias: Lengua y Literatura, Matemáticas e Inglés, a pesar de que «no hay consenso» sobre la idoneidad de los módulos horarios (45, 60 ó 90 minutos). Con el respaldo de un 70% de los colegios consultados, se opta por aplazar la implantación del francés en los dos primeros cursos prevista inicialmente para 2018-19. «Los profesores le dan poco peso curricular», dice Gaya. El segundo idioma extranjero fue la medida estrella adoptada por su predecesora, Adelaida de la Calle. Ahora prima la «evaluación pedagógica» sobre el fin laboral y entiende la consejería que meter más especialistas en la aulas redunda en la «secundarización». Y es que el profesorado, en un 90%, cree beneficioso que el tutor imparta un mínimo del 40% de la carga horaria de su grupo. Así que la paralización de la implantación del francés será «una ayuda».

«Prácticamente todos» los claustros confiesan que «la atención a la diversidad que ofrecen es mejorable». Y priorizan, en un 94%, la presencia de otro maestro en el aula junto a la necesidad de diagnósticos cada vez más precoces frente a otras medidas como la adaptación curricular. Como iniciativa para el próximo curso, la Junta dotará la misma cuantía para libros para alumnos con necesidades educativas especiales. Además, destinará parte de los nuevos recursos humanos a tal fin.

El debate pedagógico propiciado por la Junta con los profesores recibió críticas del resto de grupos parlamentarios. Desde Podemos, Libertad Benítez preguntó cuánto ha costado la consulta porque la mayoría de los resultados ya habían sido abordados por su formación y el gobierno andaluz «no ha hecho nada». A su juicio, «Repensar la Primaria» ha sido una «excusa» para adoptar medidas controvertidas y diluir responsabilidades y anunciar otras «electoralistas» utilizando a los docentes. En el Partido Popular reclamaron el fin de la «improvisación» constante. Marifran Carazo recordó, por ejemplo, que sólo el 30% de los centro valora como correcto el programa de gratuidad de libros de texto. Y en Ciudadanos insistieron en la defensa de un pacto educativo nacional para evitar el «parcheo permanente».

Antonio Maíllo, coordinador de IU, hizo hincapié en que «la educación especial debe ser una de las prioridades» de la Consejería, un argumento que repitieron el resto de formaciones. Incluso se le recordó a la consejera que la derogación del decreto de racionalización del gasto educativo, que denominó como una «excelente noticia» –mejorará básicamente los plazos de las sustituciones–, le abre la puerta a una mejora en los servicios educativos externalizados, como el que ofrecen los monitores de educación especial. Gaya asumió parte de la responsabilidad en esa precariedad, pero se defendió diciendo que «intentamos que se cumplan las cláusulas sociales, pero no podemos regular los convenios». Los cambios seguirán.

El 94% tiene plaza en algún centro solicitado

-95.800 plazas para el alumnado de Educación Infantil de 3 años, de las cuales el 81,73% son públicas.

-101.291 profesionales compondrán la plantilla docente pública, 3.264 más que el curso pasado (2.764 en Secundaria, a 18 horas lectivas semanales; y 500 maestros en Primaria).

Más del 30% de centros, sin comedor

La consejera de Educación anunció las novedades respecto a los servicios complementarios para el curso 18-19. 2.399 centros tendrán algún servicio: 1.584 dispondrán de aula matinal (26 más que el curso pasado); 1.962 ofrecerán comedor escolar (23 más); y 2006 ofertarán algún tipo de actividad extraescolar.