El juez Álvaro Martín ha citado hoy a declarar en calidad de investigados a los ex consejeros de la Junta Gaspar Zarrías, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila, dentro de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el «caso de los ERE». De cumplirse el guión establecido, o lo anunciado por el propio Zarrías, que ha dicho que no declarará, será una jornada de «pena de paseíllo», similar –¿Volverán a entrar los coches hasta la misma puerta del juzgado, como no ocurría ni con la escolta de la jueza Alaya?– a la vivida el pasado día 16 de marzo con la citación de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán (más el ex consejero Viera), quienes se limitaron a ratificar las declaraciones que ya hicieron por esta misma causa ante el Tribunal Supremo en abril de 2015.

El ex consejero de Presidencia de la Junta Gaspar Zarrías anunció que se acogerá a su derecho constitucional a no declarar en su comparecencia como investigado y advirtió del «perjuicio injusto e innecesario» que le causará el consiguiente «paseíllo». En un escrito elevado al Juzgado, la defensa de Zarrías recordó que el 4 de marzo ya solicitó al Juzgado que acordara no llamarlo a declarar porque prestó declaración ante el Tribunal Supremo dada su entonces condición de aforado, aportando entonces una copia de dicha declaración. Zarrías se quejó de unas diligencias «enormemente mediatizadas y contaminadas».

Por su parte, la jueza María Núñez Bolaños ha aplazado del 26 al 31 de mayo la declaración como investigado del alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), el socialista Sotero M. Martín Barrero (PSOE), al coincidir la fecha inicialmente fijada con la festividad en Sevilla del Corpus Christi. En una providencia dictada el 17 de marzo, retrasa las declaraciones como investigados del primer edil y de Rogelio Becerra Martín y Fernando Pedro Moreira Oliveira. La jueza los ha citado por su presunta participación en la obtención de ayudas para las empresas Cortansa, corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimientos de Cazalla de la Sierra y Enoword, como explicó en la citación del 15 de marzo.

Por otro lado, Antonio Márquez García, un liberado sindical que presuntamente se benefició de manera indebida de la póliza asociada al ERE de Egmasa aprobado en 2003 y que afectaba a 373 trabajadores, ascendiendo lo pagado por la Junta a 21,6 millones, declaró ayer que esta empresa le «engañó» y le «obligó» a prejubilarse.

Fuentes del caso informaron a Europa Press de que el liberado sindical señaló que él quería seguir en la empresa pero ésta le «obligó» a prejubilarse por su edad –en ese momento tenía 55 o 56 años–, añadiendo que «apenas» sabe leer y escribir y que firmó los documentos que le ponían por delante. Por ello, y según las fuentes consultadas, Antonio Márquez manifestó que considera que la empresa le «engañó», motivo por el que incluso le ha puesto una querella, iniciándose por este motivo un procedimiento judicial en el marco del cual «los abogados de Egmasa le dijeron que le iban a machacar». El imputado, que aseguró que a consecuencia de todo lo anterior «está malo» y acudiendo al médico, admitió que finalmente cobró 60.000 euros de los 120.000 euros de la indemnización pactada, cantidad de la que hay que descontar lo correspondiente a la Seguridad Social, ya que Egmasa «no pagó esa parte». Tras reconocer que la firma de la póliza es suya y que de esta póliza únicamente recuerda la cantidad, Antonio Márquez destacó que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado una sentencia en la que resuelve a su favor y concluye que «no tiene que devolver el dinero».

El PP acusa a Zarrías de «trato de favor» a una empresa de Sevilla

El PP-A acusó al ex vicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías de «trato de favor» a una empresa de la provincia de Sevilla –Centro de Limpieza Industrial Huévar– que recibió ayudas de la partida 31L, el conocido «fondo de reptiles», siendo una de las «manos negras» que, junto con el ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, «daba a la manivela de las ayudas fraudulentas», señaló la vicesecretaria de Organización, Patricia Navarro.