Procesan por coacciones a la ex presidenta de Invercaria Laura Gómiz

El denunciante del caso aportó una grabación en la que se le escuchaba dar órdenes para falsear datos sobre ayudas

Estaba sobre la mesa la comisión de un delito de coacciones, tipificado en el artículo 172 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal, y el titular del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha decidido procesar por él a la ex presidenta de Invercaria Laura Gómiz. El juez investiga las presuntas irregularidades detectadas en torno a la gestión de la mencionada sociedad de capital riesgo de la Junta y ahora ha abierto diligencias contra la ex alto cargo por presuntamente coaccionar al que fuera denunciante del caso que con el avance de la instrucción acabó convertido en encausado, el ex director de Promoción de la entidad pública Cristóbal Cantos.

Para el magistrado existen motivos «suficientes» para «atribuir» a Gómiz la perpetración de ese delito sobre la base de las «manifestaciones que tuvieron lugar en el desempeño de su actividad profesional con el perjudicado en esta causa» y que se podrían entender «racionalmente» como una conducta reprochable desde un punto de vista penal. Así lo ha expresado Gutiérrez Casillas en un auto consultado por LA RAZÓN, en el que deja claro que lo sucedido debe ser «objeto de enjuiciamiento» en el juzgado de ese área competente, por lo que acuerda continuar con las actuaciones por el trámite de procedimiento abreviado. A la espera de lo que pueda pasar en el futuro, cabe recordar que en el origen de esta causa Cantos acompañó su denuncia de la grabación de una conversación en la que su ex jefa le daba órdenes para que elaborara informes con datos falsos sobre ayudas concedidas por Invercaria, a lo que ex directivo se negó. En el Código Penal se marcan para este delito penas de prisión de seis meses a tres años o una multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción.