Responsabilizan a la Abogacía del Estado del fraude en la Zona Franca

La Razón
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CÁDIZ- El ex delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro, uno de los principales acusados de malversación en el «caso Rilco», se presentó ayer en el juicio casi como un rehén de los Abogados del Estado, a los que acusó incluso de torturas ante el Tribunal Constitucional.

El juicio por este caso, en el que se dirime si un negocio que pretendía impulsar el comercio electrónico con Iberoamérica fue un canal para malversar caudales públicos, se reanudó ayer después de que el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz decidiera desestimar las peticiones de anulación del proceso.

El tribunal sólo ha estimado parcialmente una de las alegaciones presentadas por la defensa de Miguel Osuna, sucesor en el cargo de Rodríguez de Castro, para retirar de la acusación uno de los delitos que le imputaba el fiscal, el de falsedad continuada en documento público, al considerar que cuando prestó declaración por este punto, por el que el fiscal pedía cinco de los trece años de prisión que solicita en total para él, no lo hizo en calidad de imputado.

En sus respuestas ante las distintas partes, Manuel Rodríguez de Castro, para el que el fiscal pide diez años de cárcel, culpó precisamente a los abogados del Estado de todo lo ocurrido, ya que, según afirmó, fueron los que redactaron todos los documentos, contratos y gestiones, e incluso apuntó que las firmas suyas que aparecen en los distintos documentos han podido ser falsificadas.

Por su parte, German y Camila Leyva, el matrimonio estadounidense al que el ex delegado de la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro adjudicó el contrato para poner en marcha Rilco, aseguraron que el sistema informático «se creó de la A a la Z» y llegó a probarse aunque después terminó «en un armario». Aseguraron que el proyecto se entregó en 2002 de manera satisfactoria.