Andalucía

Revisión de las políticas de I+D+i

La Junta «comprará» innovación tras constatar el CES una evolución poco «halagüeña»

Antonio Ramírez de Arellano y Juan Carlos Blanco, ayer, en San Telmo
Antonio Ramírez de Arellano y Juan Carlos Blanco, ayer, en San Telmolarazon

La Junta de Andalucía va a impulsar nuevas estrategias para fomentar las políticas de innovación, un aspecto que todos los expertos consideran clave para el futuro de la economía regional. El Consejo de Gobierno acordó impulsar la Estrategia para el Impulso y Consolidación de la Compra Pública de Innovación (CPI) en la Administración Pública de la Junta de Andalucía, una iniciativa que pasa básicamente por «comprar» innovación con recursos públicos. A este fin se destinarán 50 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) hasta finales de 2020.

Las políticas de I+d+i no acaban de cuajar en Andalucía. Así al menos lo expresó el Consejo Económico y Social en un reciente informe sobre la situación socioeconómico de la región en 2016. El trabajo apuntaba que «considerando el objetivo que la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 esta­blecía con relación al esfuerzo en activi­dades de I+D+i en términos relativos de gasto, situando a éste en el 2,2% del PIB en 2020, la evolución del primer año de vigencia del mismo no pareció ser la más halagüeña».

Los datos del CES apuntaban que en 2015 (último dato disponible en el momento de la redacción del estudio), «el aumento en término absolutos del gasto en I+D+i en Andalu­cía en un 0,73%, alcanzando un total de 1.476,4 millones de euros, fue insuficiente para elevar dicha ratio más allá del 1,02% del PIB andaluz, esto es una décima por debajo de la observada el año anterior, e igualmente inferior al valor medio nacio­nal (1,22% del PIB) que también disminu­yó una décima porcentual pese al incre­mento del gasto en valores absolutos en un 2,74%».

Como consecuencia «de la distinta intensidad del gasto en I+D+i en uno y otro ámbito minoró la participación de la comunidad autónoma en el conjunto del Estado en dos décimas, representando el 11,2% del total nacio­nal, rompiendo así la tendencia incremen­talista de los tres años anteriores»

La estadística, que suele permitir distintos enfoques de una misma realidad, no se aliaba en este caso con el Gobierno andaluz. El trabajo también señala que «en términos relativos de población, los va­lores de gasto público en actividades de I+D+i por habitante tuvieron un compor­tamiento similar al anterior, situándose en Andalucía en 176,0 euros/habitante (1,5 euros más que en 2014), pese a lo cual las diferencias con respecto al promedio na­cional aumentaron en un 6,4%».

La Consejería de Economía y Conocimiento, responsable de estas políticas, quiere cambiar esta dinámica y para ello fomentará licitaciones de servicios y productos avanzados de este tipo que no se encuentran aún disponibles en el mercado a partir de la detección de una necesidad.

Según aseguró Antonio Ramírez de Arellano, la CPI debe impulsar mercados innovadores, apoyar el desarrollo empresarial y a sumar a las empresas el potencial innovador de los agentes del conocimiento, como las universidades y los centros de investigación.

Así, la hoja de ruta indica que en los tres próximos se prevé la adquisición por parte del sector público andaluz de un mínimo de 14 bienes o servicios innovadores. En lo relativo al porcentaje de empresas que realizan innovaciones tecnológicas, se marca como objetivo elevarlo desde el diez por ciento de 2015 hasta el 17,5 por ciento en 2023, año en el que se cierra la ejecución de los proyectos previstos en el marco del Feder. La Junta ha consignado una partida de diez millones de euros para este fin en 2018.

Como recuerda el CES, «si se consideran los distintos sectores de ejecución de gasto en I+D en Andalucía, el sector público (compuesto por univer­sidades y Administración pública), ejecu­tó en 2015 el 65,4% del mismo, frente al 34,6% restante realizado en el ámbito empresarial (empresas e instituciones sin ánimo de lucro) que redujo por segundo año consecutivo su inversión en I+D, si­tuación claramente distante a la plantea­da en la Estrategia de Innovación de An­dalucía que establecía una participación del gasto privado en I+D del 41,8% en 2017 y del 50% en 2020». El proyecto presentado ayer acentúa esta tendencia.