Rodrigo Sánchez Haro: «Necesitamos agua y las obras pendientes lo resolverían»

–¿Es inevitable que la nueva Política Agraria Común (PAC) europea derive en una pérdida de renta de los agricultores andaluces?

–No y además no debemos consentirlo, sería un error importante, fundamentalmente porque si no garantizamos una renta mínima vamos a tener serios problemas de despoblamiento. Si en cada pequeño municipio logramos tener un centro de salud, un colegio o el medio de vida que puede venir de la agricultura, seguramente va a hacer que esas personas se queden. Las rentas que reciben para mantener los cultivos también contribuyen a evitar la desertificación, es clave. Si vinculamos los pagos directos a la cofinanciación estamos llevando a que cada estado renacionalice la política agraria común y estará al albur de los condicionantes de cada uno. Esa PAC es precisamente uno de los pilares de la Unión Europea. Por tanto, la primera comunicación nos preocupa. No podemos tampoco vincular los pagos básicos a objetivos medioambientales. Tenemos que defender un marco financiero suficiente; luego vendrá el reparto, que es lo que nosotros no compartimos.

–Sí parece que hay una postura unánime de rechazar la cofinanciación: los fondos deben provenir exclusivamente de la UE. ¿Esa es una de las líneas rojas que desde Andalucía se trazaría?

–Sí, sí, para nosotros es fundamental, y compartida por el resto de comunidades y por el Estado.

–Hay una promesa que se remonta a varios años y que no acaba de sustanciarse: la Ley de Agricultura. La prometió el ex presidente Griñán en su última investidura, en 2012; la exigió también Ciudadanos, pero no acaba de llegar al Consejo de Gobierno. ¿Qué pasa con esta Ley?

–Pues fíjese qué alegría que voy a tener el gran honor de llevarla al Parlamento. Ha sido muy participada, necesitamos una ley que el sector la tenga como propia, no una ley urgente, bajo mi punto de vista. Si en vez de estar en noviembre está en marzo, no pasa absolutamente nada. Esperamos que en un mes y pico esté resuelto el trámite y al principio del período de sesiones llegue al Parlamento. Se han hecho 770 aportaciones, han participado casi 50 colectivos, aparte de organizaciones agrarias, ciudadanos a nivel particular, sindicatos... es una ley ampliamente consensuada.

–¿Confía en que entre en vigor en esta legislatura?

–Espero que sí, que seamos ágiles. Todos los grupos tienen interés en que entre en vigor pronto.

–¿Qué novedad será básica?

–Recoge aportaciones importantes como el foro de la cadena alimentaria. También se intentan limitar prácticas abusivas como la venta a pérdidas: no tiene sentido que el eslabón más débil, que son los productores, tengan que sufrir situaciones como ésa. Además se establecen sanciones.

–Hay una preocupación histórica en la consejería: la falta de unión entre las cooperativas.

–Se han dado pasos importantes en los últimos años, pero cuesta mucho convencer al pequeño agricultor de que tiene que agruparse. Si queremos internacionalizarnos, ése es el camino. Se ha hecho un trabajo importante, el decreto que aprobamos hace unas semanas puede contribuir a facilitar esa unión.

–¿Vincular ayudas a temas medioambientales supone un freno? Parece que se culpa a la agricultura de todos esos problemas.

–Yo lo veo de forma totalmente diferente: precisamente la agricultura es la que está haciendo una contribución importantísima al medio ambiente.

–Habrá que cambiar esa percepción...

–Totalmente. Un ejemplo: si en Jaén dejara de estar el olivar, ¿qué pasaría? Sería un desierto. Ahora mismo tenemos el mayor bosque de olivos del mundo. Hay que cambiar esa percepción, es una cuestión de explicarlo.

–En relación con la aceituna, se ha abierto un camino difícil con Estados Unidos por el arancel a la aceituna negra. ¿Se le está dando la trascendencia que tiene?

–Sí, se le está dando la trascendencia que tiene por parte de todas las administraciones.

–Las cooperativas afectadas dicen que se están defendiendo solas.

–No es así y ellos saben que no es cierto. Lo digo con toda claridad y rotundidad. Saben que desde el primer momento han tenido a la consejería entregada a la causa; el Ministerio y la UE exactamente igual. Y la presidenta de la Junta ha ido a Bruselas a defender los intereses del sector. Otra cosa diferente son los honorarios de los abogados. En todo lo que tengamos cobertura legal, vamos a apoyar al sector, pero en ese aspecto no podemos entrar. Nosotros tenemos desde el mes de junio quince funcionarios de alto nivel dedicados exclusivamente a trabajar en este asunto porque nos parece de suma importancia; pero es que el Ministerio y la UE están haciendo algo parecido. El contacto es diario. Consideramos que es una situación injusta porque las ayudas que se están poniendo en cuestión son totalmente legales.

–¿Teme que se extienda a otros productos?

–El riesgo está ahí. Perfectamente puede llevarse a otros productos. Desde el momento en que deciden poner en cuestión todas estas ayudas, que no están vinculadas a la producción, puede ocurrir con cualquier producto. Por eso nos hemos volcado desde el primer momento. Las dos empresas californianas que han denunciado lo único que buscan es tener una ventaja competitiva cuando se establezcan esos aranceles a las empresas andaluzas, que tienen el 30% del mercado.

–La presidenta ha destacado los 20.000 millones facturados en exportaciones hasta agosto. ¿Qué porcentaje corresponde a la agroindustria y qué horizonte se puede marcar?

–Las exportaciones son el motor que está tirando de la economía. La agroindustria está en torno a mil millones mensuales e incrementándose. Tenemos un peso bastante importante, en torno al 20% del PIB. El trabajo que tenemos que seguir haciendo es diversificar el mercado y buscar las alianzas con otras consejerías, con Extenda por ejemplo, haciendo misiones internacionales. Por eso es importante que nuestras empresas sumen fuerzas. Tenemos que seguir trabajando mucho también en la innovación y en la transferencia de ese conocimiento. Es un sector muy potente y con un futuro bastante bueno.

–¿Cómo puede influir el Brexit en Andalucía?

–Los productos andaluces que están yendo a Gran Bretaña están muy consolidados en el mercado, muchos incluso implantados en la propia cultura. Desde el momento en que se anuncia el Brexit hasta al año siguiente se han incrementado las exportaciones la Reino Unido, Andalucía ha pasado del quinto al cuarto país exportador. Por los contactos que hemos mantenido con el embajador, no están en disposición de plantearle aranceles a los productos andaluces porque saben que están muy arraigados. Espero que se vaya relajando la situación. Si hubiera producido una situación problemática, las exportaciones habrían caído.

–¿El boicot a productos catalanes repercute en Andalucía?

–Ahora mismo no tengo ni un solo dato que me diga que ha habido la más mínima repercusión.

–¿Qué medidas tiene previsto tomar la consejería para paliar los efectos de la sequía? Hay agricultores que están reclamando ayudas directas.

–La sequía tiene dos componentes: por una parte, la de los últimos tres años, en los que las precipitaciones han caído. Y la parte estructural de déficit hídrico en la comunidad. En la primera parte ya hemos empezado a trabajar y pondremos encima de la mesa pronto alguna medida, con la ganadería estamos planteando ayudas directas. Para paliar la situación anticipamos además el 70% de la PAC. En la parte estructural hay un problema de infraestructuras hidráulicas en la mayor parte de las provincias. El problema no es ya que no llueva, es que necesitamos agua para los cultivos. Hay un plan hidrológico estatal que recoge determinadas infraestructuras que no están construidas. Puedo empezar a poner ejemplos en Almería: hay un déficit hídrico de 175 hectómetros cúbicos y los proyectos pendientes de aguas regeneradas y desaladas aportarían 150 hectómetros. Es cierto que la sequía afecta, pero hay infraestructuras hidráulicas pendientes que cada administración competente debe asumir. Nos ocurre por toda la geografía: en Huelva quedan por ejecutar trasvases que vendrían a resolver esos problemas. Tenemos un déficit histórico de obras de interés general del Estado; la comunidad autónoma tiene algunas depuradoras pendientes también.

–En ese sentido, se ha criticado que la inversión del canon del agua no se ejecute.

–Ahí, con todos mis respetos, hay una falacia. Me explico: por el canon del agua se recaudaron 440 millones de euros. Comprometidos en infraestructuras de depuración hay alrededor de 460 millones. Por tanto, se parte de una falacia: el canon del agua se ha ejecutado, ahí están los datos.

–La presidenta aseguró que si no se hubiesen arrebatado las competencias del Guadalquivir a Andalucía, algunos de esos problemas estructurales estarían resueltos. ¿Cuál concretamente?

–Por ejemplo, en la zona de Córdoba se han otorgado derechos de agua superiores a la capacidad que tiene la cuenca. Hay que estudiar todos esos derechos y los que no estén en uso llevarlos a la agricultura. También tenemos que seguir trabajando en las aguas regeneradas, en las desaladas... ahí tenemos un trabajo importante que hacer.

–¿Los agricultores están comprometiendo el desarrollo y la conservación de Doñana por la sobreexplotación del acuífero?

–Es que fíjese, si se hubiera realizado el trasvase no estaríamos hablando de esto. Las obras del Estado paliarían esa situación. Yo soy partidario de pactar todo, pero cada administración debe ser responsable y acometer sus competencias. Y a partir de ahí pactar todo lo demás.

–En los dos últimos años, para compensar los paros biológicos en el sector pesquero se articularon ayudas que no llegaron a su destino porque los requisitos desde UE y el Estado las han hecho inaccesibles a los pescadores. Se han rechazado prácticamente todas las peticiones. ¿Qué sentido tienen entonces esas medidas?

–Si las ayudas no llegan es porque hay una serie de situaciones que no se están cumpliendo. En primer lugar, tenemos que hacerlas accesibles. El Ministerio debe ponerse de acuerdo con el sector, nosotros somos unos meros tramitadores.

–¿Es partidario del herbicida glifosato?

–Hasta que no haya una alternativa no podemos de repente quitarlo de en medio, estaríamos causando un perjuicio a los agricultores que lo han estado utilizando. La prórroga nos parece bien y creo que podría haberse dado un poco más. No podemos decir: esto está bien, úsenlo y luego retirarlo. Parece que la evidencia científica que decía que era perjudicial no está tan clara.

–¿Cómo encara la recta final de la legislatura?

–En los aspectos importantes tenemos que llevar a la máxima ejecución nuestros programas de desarrollo rural. Estamos por encima del 70% de la convocatoria del Marco 2014-2020, tenemos comprometida con nombre y apellidos más del 40%. Hay que darle un empujón fuerte para que todas esas ayudas lleguen al territorio y sean útiles. Los grandes retos que tenemos son el relevo generacional –hemos puesto 155 millones de euros en ayudas para jóvenes–; después, tenemos que lograr que la mujer se incorpore a los puestos de decisión, si no va a ser complicado que se pueda establecer. Con la PAC tenemos también un trabajo duro.

–¿Por qué tiene tan mala fama el subsidio agrario (PER)?

–Es un error. En Andalucía ha contribuido a mantener la población en zonas rurales. Creo que en algunos casos se ha hecho un uso indebido y la excepción se ha podido magnificar. El subsidio agrario ha contribuido a que la gente se quede en nuestro medio rural, va más allá de una contribución a mantener la renta de nuestros agricultores. Si no se quedan, vamos a tener problemas serios. A veces parece que da miedo explicar las cosas y hay que decirlas como son. De Despeñaperros para arriba hay pueblos que han desaparecido. Algo estará ocurriendo positivo en Andalucía, vamos a hacer esa reflexión, aunque seguramente hay muchas cosas que corregir.