Sánchez Teruel, blindado gracias a su aforamiento

La Guardia Civil se ratifica y atribuye un delito de malversación al secretario general del PSOE por su participación en el «caso Marismas»

José Luis Sánchez Teruel, en el centro, durante una sesión reciente en el Parlamento de Andalucía
José Luis Sánchez Teruel, en el centro, durante una sesión reciente en el Parlamento de Andalucía

La Guardia Civil se ratifica y atribuye un delito de malversación al secretario general del PSOE por su participación en el «caso Marismas»

Si José Luis Sánchez Teruel no está a día de hoy imputado por el juzgado de Instrucción 16 de Sevilla es por su condición de aforado al ser diputado en el Parlamento de Andalucía. A juicio de los investigadores de la Guardia Civil, el actual secretario general del PSOE de Almería tuvo una participación «imprescindible» en el presunto fraude cometido durante las obras de modernización de regadíos de la la comunidad de regantes Las Marismas del Guadalquivir, entidad que recibió tras recibir en 2004 una subvención de 40,1 millones para la modernización de su red de riegos. El diputado andaluz, durante el tiempo que ejerció como director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, era el encargado de «planificar, supervisar, coordinar, tutelar la gestión y ejecución de fondos estructurales, relativos a las ayudas al desarrollo rural, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)». La utilización de estos fondos es lo que está precisamente en entredicho tras una denuncia de actual dirección de los comuneros y de la que ha ido informando este periódico desde junio de 2012.

En un nuevo atestado entregado al juez Juan Gutiérrez Casillas, los investigadores del Instituto Armando consideran que Sánchez Teruel –junto a otra serie de personas– sería responsables de un presunto delito de malversación «por acción u omisión», ya que «tienen una participación imprescindible para que se facturen y autoricen las certificaciones» de obras «y por la omisión de fiscalización de la Administración». Los agentes son contundentes y hablan de «claros, tajantes y reiterados indicios» de la comisión de este delito que llevan ya varios años investigando. El problema, en lo que a Sánchez Teruel se refiere, es que «no se procede a tomar declaración como imputado por este delito al ser miembro del Parlamento de Andalucía y por ende tener la condición de persona aforada». El juez, como siempre, es el que tiene la última palabra aunque en este caso el diputado solo rinde cuentas ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y debería pedir el correspondiente suplicatorio. A juicio de algunos de los actores, la investigación aún tiene recorrido.

No es la primera vez que los agentes del Instituto Armado apuntan a Sánchez Teruel. En un anterior atestado le atribuyeron los presuntos delitos de tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función, fraudes y exacciones ilegales, coacciones y pertenencia a grupo criminal.

En este último, la Guardia Civil imputa también un delito de prevaricación al actual interventor de la Consejería de Hacienda de la Junta Juan Luque –imputado en los ERE– y miembros de las empresas participantes en las obras.

El PP, tras trascender ayer el contenido de este atestado, reclamó a Díaz el «cese inmediato» de Sánchez Teruel y reclamó a Ciudadanos contundencia con la situación del diputado socialista.