Sangre y aceite

Se acercan los días de recolección de la aceituna de mesa, especialmente la muy preciada variedad manzanilla sevillana. Aún tendrá que esperar la recolección de la aceituna de molino para la producción de aceite, pero como una y otra variedad proceden del mismo árbol y ambas generan un importante volumen de empleo temporal, es un momento oportuno para plantearse algo que habitualmente queda fuera del análisis económico. La cuestión no es otra que la manera en la que se ha conseguido terminar con la secular conflictividad del agro español en general y andaluz, en particular.

El interés no sólo es histórico. También es actual si se considera que el sector agrario andaluz ha actuado como colchón del desempleo generado en la construcción tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Un par de datos sirven para apostillar esto. En 2008 la población activa andaluza en el sector agrario alcanzó su cifra más baja en el siglo XXI, el 7,85 por ciento. La crisis inmobiliaria y la débil recuperación económica explica que esta cifra haya crecido hasta el 9,87 por ciento en 2016, lo que es tanto como retroceder al nivel de comienzos del presente siglo. Sin embargo, la conflictividad en el sector agrario no ha vuelto a escena aunque sí haya crecido notablemente la población activa de este sector. Afortunadamente, así ha sido y por diversos factores, unos nacionales y otros internacionales.

En 1900, el 70 por ciento de la población activa andaluza lo era del sector agrícola. Aún en 1930, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía la cifra en el 56 por ciento, una cifra que permanecerá muy estable hasta la década de los años 50 del siglo XX. Precisamente en el entorno inmediatamente anterior y posterior a 1930 se ambienta la nueva novela del periodista Manuel Piedrahita, «Que corra la sangre» (Onagro ediciones), ambientada en la muy aceitera ciudad de Baena. El autor retrata con rigor la denominada «cuestión agraria» española; un término acuñado en el siglo XIX para hacer referencia a las condiciones de vida de esa parte mayoritaria de la población activa y a los conflictos revolucionarios que frecuentemente aparecían.

Por ejemplo, en la huelga del 2 de noviembre de 1919 (próximo a la recolección de la aceituna de molino) que se inició en los pueblos de Córdoba proliferaron los sabotajes en los cortijos que, con frecuencia consistían en arrancar las matas de cereal y dejar las malas hierbas. Aún a finales de la década de los 70 y 80 del siglo XX, las huelgas en el campo conllevaban la destrucción de los aperos de labranza de los labradores y la quema de cosechas. Los salarios de los jornaleros de los años 70 no eran los de las primeras décadas del siglo XX pero habían algunas condiciones de vida no muy diferentes a las de aquellos años que se conjugaban con las demandas laborales afloradas con el cambio de régimen político.

La cuestión es ¿qué ha pasado para que la reforma agraria –expropiación y repartimiento– deje de estar en la agenda reivindicativa, así como los sabotajes a las explotaciones agrarias? Pues han pasado no pocas cosas.

De momento, la población agraria que era el 70 por ciento en 1900 ahora no llega al 10. En segundo lugar, la política de pueblos de colonización agraria desde la década de 1940 conllevó un gran esfuerzo de obra pública –principalmente hidráulica– y un reparto de tierras convertidas en regadío a pequeños labradores. En tercer lugar, el desarrollo del sistema de Seguridad Social progresivamente universal que dio asistencia sanitaria y de prestaciones económicas a los jornaleros y pequeños labradores. Una vez en la Comunidad Económica Europea, el campo español se benefició de la política de precios mínimos y compras garantizadas que, desde el punto de vista técnico, ya existía en España desde la creación del Servicio Nacional del Trigo en 1937 (desde 1971, Servicio Nacional de Productos Agrarios –SENPA–). A partir de 2005, se estableció un pago desvinculado de la producción que se abona al agricultor independientemente de que produzca o no. Es el denominado régimen de pago único que estabiliza no sólo la renta de los agricultores sino que también suaviza las fluctuaciones del empleo eventual.

Naturalmente hay un elemento adicional sin el cual no se explican los bajos niveles de conflictividad ni reivindicaciones como ésta que aparece citada en la novela de Manuel Piedrahita: «Las tierras expropiadas, una vez se nacionalicen, (deben ser) cedida(s) a los campesinos mismos, para que las cultiven por sí (...)».

El elemento adicional se traduce en las 189.284 personas que perciben una prestación económica bien en forma de renta agraria (78.098) o de subsidio agrario (111.186). De ellas, unas 25.000 residen en Extremadura. Estas personas reciben 426 € euros mensuales, en términos generales, durante tres meses para los menores de 52 años. Los mayores de esta edad pueden llegar a percibirlos los 12 meses del año. El gasto total para la Seguridad Social está por debajo de los 400 millones de euros anuales.

Piedrahita en su novela cuenta que en Baena corrían juntas en 1936 la sangre de los muertos y el aceite de las almazaras asaltadas. Afortunadamente, son situaciones trágicas hoy irrepetibles. Por cierto, el texto de la reforma agraria que aparece entrecomillado se lo recordaba el jonsista José Félix de Lequerica a su correligionario Antonio Bermúdez Cañete cinco años antes de que éste fuese asesinado en una de las sacas de la madrileña Checa de Bellas Artes.