¿Se han vertido al dominio público 9.000 metros cúbicos de aguas tóxicas de Aznalcóllar?

Emerita avisa a un juzgado de que la depuradora no funciona y de que la Junta gestionó los pasivos ambientales

La empresa denunciante Emerita Resources ha aportado al juzgado de Sanlúcar la Mayor que investiga presuntos delitos ambientales en torno a la mina de Aznalcóllar una documentación que obra en la causa que sobre el yacimiento se sigue en otro órgano judicial sevillano. Entre ella consta un escrito de solicitud de Minera los Frailes, la entidad que explota la mina, en el que «se admite», que «la planta depuradora» en la que se tenían que tratar las aguas provenientes de la corta de Aznalcóllar, «no funciona desde el año 2014». Un hecho de «gran relevancia», a juicio de Emerita, ya que en el proceso se ha asegurado, lo contrario, «que la planta funciona perfectamente», y en informes del Instituto Nacional de Toxicología se despejó «toda duda sobre la gran peligrosidad y contaminación de aquellas aguas». A esas circunstancias, el abogado de la denunciante, Ramón Escudero, hilvana que en el escrito de Minera «se expresa con total claridad que como trabajos preoperacionales, necesitan proceder al vaciado de los 14 hectómetros cúbicos de aguas sobrantes de escorrentía de la corta de los Frailes, y que van a verterlas al cauce público». Y hay más. Según el letrado, «todas las balsas de escorrentías» van a parar a «la corta de Aznalcóllar» que «no puede superar la cota de 20 metros sobre el nivel del mar», por lo que ha de ser desaguada cada vez que se llega a ese tope, previo paso por una depuradora que no estaría operativa. La pregunta «fundamental» que surge, avisa al juzgado el letrado, es si se vertieron al dominio público «9.000 metros cúbicos de aguas que ni se sabe de dónde salieron ni su calidad ni para qué se usaron, sin pasar por una depuradora y sin tener la documentación imprescindible para ello».

En el contenido de la documental que Emerita pide que se admita a «efectos probatorios», hierve otra evidencia, a entender de esa empresa: «Se deja claro quién se está haciendo cargo actualmente de los pasivos ambientales de la reserva minera y quién lo estaba haciendo hasta ahora». De acuerdo al escrito de Escudero al que LA RAZÓN accedió, no lo hizo desde el principio Minera los Frailes y «fue la propia Junta de Andalucía» la que los gestionó mientras.