Sindicalistas acumulan más de 1,7 millones por responsabilidad civil

SEVILLA- Entre los seis imputados a los que la juez que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, tomó declaración la marotoniana sesión del pasado jueves, se encontraban de nuevo dos sindicalistas: el secretario general de la Federación de Industria de CC OO en Andalucía, Enrique Manuel Jiménez, y el secretario general de la misma organización sindical de Sevilla, Juan Antonio Caravaca Caro.

Para el primero, la Fiscalía Anticorrupción reclamó ya de madrugada una fianza de responsabilidad civil de unos 600.000 euros por su «intervención» en la inclusión de un «intruso» –persona que se prejubiló sin haber trabajado en la empresa beneficiada con fondos públicos–, Antonio Fernández Garzón, en la póliza de la empresa Calderinox.

La acusación particular que ejerce la Junta, por su parte, pidió una fianza civil inferior, de en torno a los 200.000 euros.

A Jiménez García la instructora le imputa, entre otros, los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Durante su testimonio, el sindicalista reconoció ser el autor de una carta para incluir al «intruso» al ser un compromiso anterior que se encontró al acceder al cargo, si bien negó que esto constituyese una irregularidad, puesto que, según dijo, cumplía los requisitos que se exigían a los otros prejubilados para acceder a la ayuda, por lo que en su opinión no pasaba nada por incluirlo.

Tras la declaración de este sindicalista, que tuvo que repetirse en buena medida debido a un fallo informático en el juzgado, la juez Alaya interrogó al secretario general de la Federación de Industria de CC OO de Sevilla, imputado también en la causa por la suma de Fernández Garzón al listado de pólizas de Calderinox. De hecho, este «intruso» declaró en su día que fue este sindicalista quien lo llamó por teléfono para decirle que lo iban a incluir en el expediente. Para Caravaca, quien se acogió a su derecho constitucional a no declarar, el Ministerio Público solicitó una fianza de responsabilidad civil de alrededor de 400.000 euros, según aseveran fuentes del caso. Es decir, entre los dos tendrían que abonar un millón de euros en ese concepto por su implicación en la trama de los ERE fraudulentos.

Cabe recordar que recientemente la magistrada impuso una fianza civil de 722.393 euros a otros dos sindicalistas de UGT y CC OO que fueron detenidos en el marco de la segunda fase de la «Operación Heracles».

En concreto, Alaya fijó una cuantía de 251.041,37 euros para el secretario provincial de UGT en Cádiz, Salvador Mera, y de 471.352 para el ex secretario general de la Federación Minerometalúrgica de Andalucía de CC OO, Manuel Roberto Carmona Soto. Entre ambos, tendrían que desembolsar 722.393 euros.

Además, la instructora determinó en un auto la responsabilidad civil subsidiaria de ambas organizaciones sindicales, en el caso de que ni Mera ni Carmona puedan aportar el dinero que se le reclama. Una decisión coherente, dado que ambos pidieron comisiones a implicados en los ERE para sus respectivos sindicatos y con el teórico respaldo de éstos.

Habrá que esperar ahora a conocer la decisión de Alaya sobre si las centrales sindicales han de asumir también la responsabilidad en el caso de que Enrique Manuel Jiménez y Caravaca no pudieran hacer frente a sus pagos. De ser así, CC OO y UGT deberían abonar, de momento, alrededor de 1,7 millones de euros por los ERE.

«Los altos cargos de la Junta tienen el deber moral de declarar»

El presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, quiso diferenciar ayer entre el «derecho constitucional a no declarar» que tiene cualquier persona y el «deber moral y obligación política» de hacerlo que, a su juicio, tienen los altos cargos de la Junta de Andalucía que están imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. En su intervención en el Comité Ejecutivo Regional que su partido celebró ayer en Sevilla, Zoido volvió a lamentar que la presidenta del Ejecutivo regional, Susana Díaz, no contestara el jueves a sus preguntas sobre corrupción en el «cara a cara» del pleno del Parlamento a pesar de que «eran muy fáciles» y se responden con un simple «sí o no».