Trece mil votos cautivos por las barreras

En abril de 2018 votaron por primera vez las personas con discapacidad intelectual que estaban legalmente incapacitadas. Ahora reclaman unas elecciones accesibles, con papeletas y colegios adaptados

En abril de 2018 votaron por primera vez las personas con discapacidad intelectual que estaban legalmente incapacitadas. Ahora reclaman unas elecciones accesibles, con papeletas y colegios adaptados

«¿Quién es Catalina la Grande?». A esa pregunta y otras de cultura general tuvo que responder Adolfo Barroso para poder votar por primera vez. Había cumplido hace muchos años la mayoría de edad, pero no pudo participar en unas elecciones hasta los 31. ¿El motivo? Tiene una discapacidad intelectual por la que su familia había tramitado la incapitación judicial. En España, eso implicaba la retirada del derecho al voto hasta diciembre de 2018, cuando se aprobó la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreag).

Cien mil personas pudieron votar por primera vez en las elecciones generales de abril en España, unos trece mil andaluces según la estimación realizada por la Federación andaluza de Plena Inclusión, que aglutina a un centenar de entidades de discapcidad intelectual. Según los datos oficiales de la Junta, en nuestra comunidad 118.000 personas tienen reconocida una discapacidad psíquica de más del 33%. En total, la población con discapacidad supera los 580.000. Todos podrán elegir al próximo presidente del Gobierno el 10 de noviembre si han cumplido los 18 años, aunque las dificultades no han acabado para ellos. Ya tienen reconocido su derecho, ahora deben poder ejercerlo. Las barreras que se encuentran son numerosas y para derribarlas nació la campaña «Mi voto cuenta». Meter el voto en la urna es sencillo, pero antes deben saber a qué mesa dirigirse o dónde se encuentran las papeletas de cada partido. Para eso, reclaman carteles indicadores con pictogramas y personas que los guíen. «Muchas veces vamos perdidos y no sabemos manejarnos bien», explica Barroso para ejemplificar los inconvenientes que se encuentran. Su experiencia ha llegado al Parlamento Europeo, después de que España fuera advertida por el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas del incumplimiento de la Convención Internacional que entró en vigor en 2008.

Julio va en silla de ruedas, necesita una asistente para desplazarse y para comunicarse. Se pregunta en voz alta por qué las cabinas electorales tienen un escalón. La accesibilidad cognitiva también se interpone entre ellos y sus derechos. «Hay muchas personas que no pueden leer, los tiene que llevar un profesional a las mesas electorales», denuncia Patricia Gasco, autogestora e integrante de la comisión de la mujer del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidaden Andalucía (Cermi). «Los programas electorales no son accesibles, les pedimos que lo adapten a lectura fácil, que utilicen un lenguaje no tan técnico, con palabras sencillas, que lo entendamos todos».

Ella siempre pudo votar, pero otros compañeros no, algo que considera injusto. «Lo decidía un juez y es un derecho que deben tener todos los ciudadanos», critica. Plena Inclusión se ha encargado de adaptarlos para hacerlos comprensibles. El programa de Podemos, el único actualizado para el 10N respecto a las elecciones de abril, comienza así: «Hoy en día, y con un importante agravamiento como consecuencia de la última crisis, en España no se respetan muchos de los derechos de la ciudadanía que consagra la Constitución española». La federación lo ha transformado en el siguiente texto: «En la actualidad estamos viviendo todavía con la última crisis. Por eso, en España no se respetan algunos derechos de las personas según la Constitución española». Punto por punto han simplificado las medidas, añadiendo aclaraciones al margen.

«Pocas personas han peleado tanto yo y pocos colectivos se han movilizado como el nuestro», asegura Barroso. Protagonizaron protestas incluso ante el Tribunal Constitucional. No lo tienen fácil ni siquiera después de su aprobación en el Congreso. Recuerda cómo, tras aprobarse la medida, han tenido que escuhar comentarios despectivos sobre su capacidad para decidir. «Dicen que votaremos lo que nos digan nuestros padres o que nos van a manipular», lamenta este sevillano, que lo compara con los ataques que recibió la aprobación del sufragio de las mujeres en la II República.