Turno para esclarecer las causas por las que la Cámara de Cuentas no dijo «nada en 10 años»

Los auditores del ente de fiscalización externa y varios interventores de la Junta declaran en el juicio de los ERE

«No es serio que la Cámara de Cuentas no dijera nada en 10 años». Las palabras de ex interventor general de la Junta Manuel Gómez durante el juicio sobre el «procedimiento específico» de los ERE pueden tener respuesta esta semana. Varios auditores del órgano de fiscalizacion externa de la Junta de Andalucía e interventores de la Consejería de Empleo, una de las carteras más señaladas durante el proceso judicial, declaran esta semana como testigos en la Audiencia de Sevilla.

La primera en testificar, previsiblemente durante toda la jornada de hoy y parte de mañana, será la auditora de la Cámara de Cuentas Nuria Mendoza, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Precisamente, en su declaración judicial, el ex interventor Manuel Gómez arremetió contra los auditores de la Cámara de Cuentas que en una década nunca fiscalizaron los presupuestos de IDEA ni la partida 31L. «No me parece serio que la Cámara no haya dicho nada en 10 años y los auditores vengan aquí y digan lo que dicen», señaló Gómez en su testifical. A posteriori, cuando el fraude ya saltó a la luz pública, la Cámara de Cuentas estudió las ayudas. El informe del ente fiscalizador sobre los ERE, emitido en 2012, detectó un «abuso del margen de discrecionalidad» en la concesión de ayudas. Sobre la ausencia de un informe de actuación por parte de la Intervención –«por lo que me piden cárcel», recordó en el juicio Manuel Gómez–, la Cámara de Cuentas consideró que «puede deberse a que no se apreciaron circunstancias que pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos». Todos los ex interventores que han declarado hasta ahora han coincidido en este aspecto.

La Cámara de Cuentas no puso reparos a las ayudas investigadas en el «caso ERE» entre 2000 y 2010, un argumento utilizado para su defensa por varios acusados, entre ellos el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, que lo destacó durante su declaración en el juicio. La Cámara de Cuentas apuntó a «responsabilidades contables y administrativas». Sobre las ayudas sociolaborales señaló que «no ha quedado acreditado el uso adecuado del margen de discrecionalidad de la administración al financiar prejubilaciones con distintos umbrales de edad, coberturas y condiciones». De las ayudas a empresas en crisis, «con carácter general se han otorgado prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido al efecto», dictaminó, y no se exigió ni quedó acreditado que cumplieran los fines para los que se dieron ni la correcta aplicación de los fondos. El informe también consideró inadecuado el uso de transferencias de financiación como instrumento presupuestario para pagar las ayudas a través de IDEA, con fondos que la Consejería de Empleo le enviaba, y señalaba que las comisiones pagadas a aseguradoras y mediadoras para la tramitación de las pólizas de prejubilación superaban la media del mercado.

Entre los interventores que declararán esta semana destaca el testimonio de Joaquín Alegre, que puso reparos a las ayudas a Hijos de Andrés Molina en 2000 y, pese a ello, se firmó el convenio marco de 2001 entre Empleo e IDEA (entonces IFA) para pagar las ayudas a través de éste, la base del llamado «procedimiento específico» creado, según la Fiscalía, para eludir la fiscalización previa. En la instrucción, Alegre dijo haber sufrido «presiones» por negarse a firmar «pagos incongruentes» como las subvenciones a Boliden. Mañana ha sido citado el segundo testigo de la semana, Santos Rodríguez Huertos, mientras que el miércoles están llamados otros cinco testigos: el también auditor de la Cámara de Cuentas Carlos Vaz Calderón; los ex interventores de la Consejería de Empleo Joaquín Alegre y Ramón Gutiérrez de la Chica; la interventora de la Junta en Sevilla María Victoria López Gutiérrez; y el ex interventor central Carlos González Laguillo.