UGT resuelve que «no hay fraude», aunque devuelve la ayuda que gastó en un banquete

Sevilla- A pesar de que el secretario general de UGT-A, Francisco Fernández, se empeñó ayer en negar cualquier atisbo de irregularidad en el uso de los fondos para la formación recibidos por la Junta de Andalucía, el propio Gobierno andaluz se encargó de echar por tierra su discurso. Fue en el Pleno del Parlamento andaluz donde la jefa del Ejecutivo, Susana Díaz, anunció que el sindicato ya ha reintegrado más de 25.000 euros en facturas «indebidamente cobradas». En concreto, la cantidad se corresponde con dos facturas de más de 12.000 euros cada una y que se cobraron por un acto del Instituto Andaluz de la Mujer y un banquete en la caseta del sindicato durante la Feria de Abril de Sevilla de 2010.

Precisamente, el sindicato «Manos Limpias» denunció que el entonces secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, y su actual titular, Francisco Fernández, cargaron el importe de esta cena a una subvención que otorgaba la Consejería de Empleo para sufragar los gastos de representación del sindicato en la negociación colectiva.

Díaz aseguró en sede parlamentaria que, una vez recuperado todo el dinero «cobrado y utilizado indebidamente», el gabinete jurídico de la Junta «estudiará cuál es la estrategia más idónea para defender los intereses» de la propia Administración regional.

Fernández, por su parte, dijo desconocer el concepto de dicha devolución, aunque recordó que el sindicato suele realizar «reintegros ordinarios». «En las revisiones habituales de la documentación que se presenta a la Administración, si hay alguna discrepancia, se hacen alegaciones y, si hay algún problema, se devuelve el dinero».

El secretario general de UGT-A hizo estas declaraciones durante la presentación de las conclusiones provisiones de la comisión interna de investigación abierta para analizar la contabilidad y la gestión financiera del sindicato, a raíz de varias denuncias de desvío de fondos. Fernández repitió machaconamente que «no se ha detectado ninguna actuación que suponga una contabilidad 'B', facturas falsas o infladas, ocultación, saqueo, fraude o malversación», por lo que las acusaciones son «totalmente falsas, tendenciosas y ridículas».

En este sentido, defendió que la contabilidad de la central es «ordenada, transparente y correcta», después de analizarse en torno a 1.500 documentos contables –como facturas, contratos y albaranes– desde el 29 de agosto al 13 de septiembre. Fernández, no obstante, no quiso desvelar los nombres de las personas que han integrado la comisión, aunque aseguró que no pertenecen a la ejecutiva del sindicato.

Lo único que admitió es la utilización de conceptos «más o menos inoportunos, gastos mal imputados, apuntes cuestionables e interpretaciones contables», aunque no un uso indiscriminado de las ayudas para gastos corrientes.

En cuanto a la posible utilización de botes –importes que pedía supuestamente el sindicato a los proveedores para así inflar las facturas y quedarse con lo sobrante–, Fernández negó tajantemente este procedimiento. «Han habido cuentas pendientes de ajuste final entre proveedores y la central», por lo que rechazó que «se inflen facturas para obtener un beneficio a cuenta de los gastos no ejecutados».

En cuanto a la actuación judicial, que lleva a cabo la magistrada Mercedes Alaya, el líder de UGT-A señaló que «hasta el momento no se ha recibido ninguna notificación del juzgado» y que «sólo una organización de extrema derecha ha planteado contra nosotros una denuncia, y lo sabemos por los medios, pero no tenemos comunicación oficial». «Quien crea que hemos cometido delitos, que lo denuncie en el juzgado y el juez nos cite cuanto antes», añadió, no sin antes recordar las medidas puestas en marcha por el sindicato, como el depósito notarial de 115.000 euros para «garantizar la devolución de fondos en caso de que hubiera que hacerlo» o la entrega del disco duro con la contabilidad de la organización.

La personación en la causa es un asunto que aún no tiene claro la Junta, tal y como reconoció el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado. Quien sí tiene una postura más clara es UPyD, que yapresentó una denuncia contra UGT-A y la Junta ante la Fiscalía. Su portavoz, Martín de la Herrán, criticó la «falta de transparencia» de Fernández «por no ser claro al hablar de la comisión de investigación realizada».

LAS DEVOLUCIONES

«Barra libre» con cargo a la Junta

Uno de los reintegros que ha efectuado el sindicato se refiere a una cena para más de 150 invitados en la Feria de Abril de Sevilla de 2010, que se abonó con una ayuda de 700.000 euros para costear los desplazamientos y alojamiento de los dirigentes del sindicato en los procesos de negoaciación. Finalmente, los invitados disfrutaron de un banquete con barra libre hasta el final de la noche.

Otros departamentos implicados

Las facturas

infladas no sólo se cargaron a la Consejería de Empleo, sino también a otros departamentos del Gobierno

autonómico como el Instituto Andaluz de la Mujer o el servicio de defensa legal. Otra de las cantidades devueltas a la Junta se refiere a un acto organizado por este departamento.