UGT y CC OO rehabilitaron sedes con fondos de formación

Dinero de las partidas de formación y del fondo de los ERE ha servido a los dos sindicatos de clase para llevar a cabo obras en edificios de su propiedad que han aumentado su capital inmobiliario.

Dinero de las partidas de formación y del fondo de los ERE ha servido a los dos sindicatos de clase para llevar a cabo obras en edificios de su propiedad que han aumentado su capital inmobiliario. La Consejería de Economía y Empleo otorgó en 2012 a UGT-A 1,2 millones de euros para rehabilitar dos sedes dedicadas a la formación, una en Córdoba y otra en Málaga. CC OO-A también recibió a finales de 2006 762.445 euros para la reforma de la Fundación de Estudios Sindicales en Sevilla. Esta ayuda excepcional la investiga la juez encargada del «caso de los ERE», Mercedes Alaya, tal y como avanzó este periódico.

En el caso de UGT-A, se trata de una subvención nominativa –recogida en el Presupuesto para la central sindical– con cargo a la partida 32L de Formación Profesional para el Empleo. La resolución, consultada por LA RAZÓN, la firma el ex consejero de Economía, Innovación y Empleo, Antonio Ávila, el 29 de noviembre de 2012, ocho meses después de que José Antonio Griñán jurara por segunda vez su cargo como presidente de la Junta.

Recoge que los 1,2 millones de euros irán dedicados a «la realización de obras en dos centros de formación propiedad» de la Unión General de Trabajadores. Concretamente, la «ampliación» del centro de formación de la «Huerta del Correo» de Málaga, con un presupuesto de 741.007,64 euros; y la «rehabilitación como centro de formación» de la conocida como Cantina del Antiguo Hospital Militar de San Fernando de Córdoba, una obra que ascendía a 458.092,36 euros. La resolución explicita que a la firma del acuerdo UGT-A recibiría el 75 por ciento del total (900.000 euros) y el 25 por ciento una vez que hubiera justificado los gastos. Un anexo contiene una descripción detallada de los dos presupuestos presentados por UGT. La remodelación es integral en ambos casos, con cimentación, estructuras, cubiertas, pinturas o decoración.

La acción en el edificio de Córdoba es significativa. UGT-A sumó a su patrimonio un inmueble que primero se lo cedió el Ayuntamiento de la capital y fue rehabilitado a cargo de la Junta con la citada subvención. Quedó listo para abrir las puertas del negocio: impartir cursos de formación con fondos que también transfirió el Gobierno andaluz.

El Ayuntamiento de Córdoba cedió a UGT dos pabellones del Antiguo Hospital Militar de San Fernando en 2002, que el sindicato rehabilitó para albergar su Archivo Histórico y Centro de Documentación de Andalucía, que tiene mil metros cuadrados; y su sede provincial. El tercero, el pabellón de la antigua Cantina para el que iba destinado casi medio millón de los 1,2 otorgados por la Junta en 2012, se convirtió en un centro de Formación y Orientación, y en el Centro Provincial de Asesoramiento de la Fundación Socio Laboral de Andalucía (FSLA). La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba acordó el 12 de junio de 2009 «conceder a UGT el derecho de superficie» sobre la finca «para su rehabilitación con destino a uso dotacional». En esa fecha el Ayuntamiento lo gobernaban en coalición IU y PSOE.

UGT presume de este patrimonio inmobiliario en el estudio «15 años de Trabajo Sindical 1998-2013», editado por la Fundación Para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa), una fundación que por cierto recibió, entre 2010 y 2011, 1.012.821 euros de distintas consejerías de la Junta para acciones como la mencionada publicación, que está a la venta por 26 euros IVA incluido.

En este estudio aparecen inventariados los dos edificios que recibieron la subvención de 1,2 millones de euros. La acumulación inmobiliaria no es nueva. En el Informe de Gestión del VII Congreso Regional, de abril de 2002, UGT-A ya presumía de haber «aumentado considerablemente nuestro patrimonio en propiedad durante este mandato». El informe de revisión interno de cuentas relativo a 2011, que acompañó la demanda presentada ante el TSJA tras el ERE que supuso la salida de 159 trabajadores de UGT-A, recogía que el sindicato tenía 52 propiedades, con un valor cifrado en 19,57 millones de euros.