Un sindicalista a un intruso: «Es tan legal que lo tiene que aprobar la Junta»

Sevilla- «Un representante de un sindicato que no recuerda quién era le dijo que el tema era tan legal que lo tenía que aprobar la Junta». Es parte de la transcripción de la declaración, a la que tuvo acceso LA RAZÓN, de Claudio Andrés Sendino García, presunto intruso en una de las pólizas fraudulentas que investiga la juez Alaya, imputado por malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y obtención ilegal de subvenciones. La Fiscalía solicitó una fianza de 96.223 euros, lo recibido en las pólizas, más el tercio legal. La Junta exigió 311.475,98 euros, «el coste de la prima al contado incluido el tercio legal». La defensa de Sendino recordó que el encartado fue incluido en la póliza «por la propia Junta que ahora reclama esta fianza».

Sendino García era trabajador de Viajes Marbesol desde 1981; 1978, según él. «Aviniéndose a los intereses del Grupo Empresarial Nueva Rumasa que había adquirido la empresa para la que trabajaba, y por mediación del también imputado Carlos Manuel Miranda Bucciarini, a la sazón director de la división hotelera de dicho grupo empresarial y persona que estaría participando activamente en el proceso de reestructuración laboral que se venía llevando a cabo en el seno del Hotel Cervantes (Europa Center)–que estaba citado a declarar ayer, pero no asistió, al igual que José Antonio Cuevas–, fue contratado para esta última empresa», según la juez. «Con «el único fin de ser introducido en el ERE tan sólo nueve días antes de que presentara la correspondiente solicitud ante la Delegación Provincial en Málaga en fecha 29 de marzo de 2006, y poder acogerse así al plan de prejubilaciones», expuso la magistrada. Alaya sostiene que «se falsearían los datos laborales» del imputado para ser «beneficiario y a sabiendas de su injusticia» en la pólizas de Vitalicio, «cuya prima supondría la cantidad de 233.000,81 euros con cargo a los fondos públicos de la Junta, sin que mediara solicitud de subvención sociolaboral por parte del trabajador o de la empresa, apareciendo ésta como tomador impropio de la póliza, pues las primas fueron asumidas por la Agencia IDEA en virtud de las resoluciones dictadas por los diferentes directores generales de Empleo, habiéndose abonado efectivamente por la Junta 3.623.126,23 euros».

Sendino «comenzó a recibir las rentas derivadas de la póliza suscrita en septiembre de 2006». En total, según informó Generali a la Dirección General de Seguros, 96.223 euros. El imputado negó los hechos y explicó que en vista de que Viajes Marbesol «iba a ser liquidada y todos los trabajadores salvo el declarante habían sido traspasados» a la sociedad New Cars Costa del Sol, «Antonio Isla Barba, que era el director de Hotasa –ante la Guardia Civil, habló de Miguel Rodríguez Ortega, director del hotel–, le propuso hacerle un contrato reconociéndole la antigüedad que tenía en Viajes Marbesol», pudiendo entrar «en el ERE que se estaba tramitando». Según Sendino, preguntó «si eso era legal» y Barba dijo que «sí, ya que eran empresas del mismo grupo». También preguntó «a José Cabrera Medina, miembro del comité de empresa del Hotel Cervantes» y «éste manifestó lo mismo». El imputado indicó que «sabe que en las reuniones había representantes sindicales pero no sabe si de UGT o CC OO», ya que «carece de vinculación con los sindicatos».

El imputado negó haber entregado cantidad alguna a terceros de lo cobrado en concepto de renta ni «tenía la obligación de destinar parte del premio de jubilación al abono de la póliza». Sendino se enteró «que quien pagaba era la Junta porque la compañía de seguro se estaba retrasando» y la aseguradora lo atribuyó a la Administración andaluza.