Un total de 69 ayudas no cuentan aún ni con atestado policial

Suponen un compromiso de pago de la Junta de Andalucía superior a los 17,7 millones de euros y no se han investigado tras más de cinco años y medio de instrucción judicial

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández, en los juzgados de Sevilla
El ex consejero de Empleo Antonio Fernández, en los juzgados de Sevilla

En la investigación sobre las presuntas irregularidades en Expedientes de Regulación de Empleo se han licuado ya más de cinco años y medio, pero la Guardia Civil aún ni ha elaborado atestado de 69 de las ayudas de la Junta bajo sospecha.

En la investigación sobre las presuntas irregularidades en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) se han licuado ya más de cinco años y medio, pero la Guardia Civil aún ni ha elaborado atestado de 69 de las ayudas de la Junta bajo sospecha. En conjunto, el Gobierno andaluz se comprometió a pagar por ellas 17.772.309,9 euros. Esto es lo que se desprende de un listado que la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado ha remitido al juzgado que instruye el proceso, el sevillano número 6, en el que se especifican cuáles son esas subvenciones directas pendientes de informe policial. En esa relación figuran los 1.500.000 euros que se le concedieron a Plásticas SL Préstamo (Grupo TPM), los 2.940.000 que el Ejecutivo regional adjudicó a Uvesa, los 1.524.718,97 destinados a Siemens Metering SA, los 1.134.523,88 que habrían ido a parar a Alpha Corporate a través de varios incentivos, los 1.189.296,98 que se dieron a SK 3.000 Aeronáutica SA y SK 10 Andalucía SA, el millón presupuestado para TGA Aeroestructuras, los 1.200.000 para Aeronáutica del Sur SAL (Aerosur), los 1.052.000 que a priori habría recibido la Fundación San Telmo, los 996.701,86 destinados a una campaña publicitaria que no se especifica, o los 447.754 asignados a Below Marko, sociedad vinculada a Juan María González Mejías, sobrino del ex presidente Felipe González, quien llegó a ser su administrador único.

La hilera trasladada al juzgado, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, incluye fondos como los 440.000 euros otorgados al Ayuntamiento de Guarromán (Jaén), 250.000 para el de Villanueva del Río y Minas (Sevilla), o los 342.576,97 en tres incentivos para el del Guadalcanal (Sevilla). Junto a otra administración, la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, constan 105.000, y 30.000 se anotan para la Universidad de Sevilla. Tampoco se ha desentrañado aún ni plasmado por escrito qué pasó con los 46.398,01 euros que se le dieron a Estudio Jurídico Villasís, al que la jueza que arrancó el «caso ERE», Mercedes Alaya, confirió un papel destacado en «la trama corrupta», ya que, no sólo servía de «vía de distribución» de las sobrecomisiones que aplicaban las mediadoras a las pólizas de prejubilaciones, sino que también se convirtió en un «centro de blanqueo» de las ganancias que logró el «conseguidor» investigado, Juan Lanzas, quien estuvo en nómina del despacho nueve años. En la misma situación estarían los 119.828 atribuidos al bufete Olivencia Ballester, propiedad de Manuel Olivencia, suegro del ex líder del PP andaluz, Javier Arenas, entre otras entidades.

Se da la circunstancia de que la Fiscalía Anticorrupción ha mantenido durante la instrucción el criterio de que en las subvenciones menores de 450.000 euros sólo podría imputarse un delito de malversación común u ordinaria, por lo que si existieran anomalías en alguna de ellas, estarían prescritas si hubieran transcurrido más de 10 años desde la fecha del último pago, punto en el que empezaría a correr el reloj, hasta la notificación de la encausación a sus representantes. Sólo a partir de la cuantía de los 450.000 euros se consideraría malversación grave y el plazo de prescripción sería de 15 años. Pues bien, según la información aportada ahora por la UCO a Núñez Bolaños, en 2001 se llevó a cabo el último pago de 12 de esas ayudas sin atestado: en 2002 de veinte, en 2003 de cinco, en 2004 de seis, en 2005 de nueve, en 2006 de tres, en 2007 de cinco, en 2008 de ocho y en 2009 de una. Si se aplica el criterio de Anticorrupción, el grueso de esos fondos pendientes de investigar habría caducado. Es decir, no se podrían iniciar ya actuaciones penales contra responsables de Below Marko, Estudio Jurídico Villasís, el Bufete Olivencia Ballester, varios ayuntamientos o la Fundación Laboral Andaluza Cemento y Medio Ambiente (Flacema), con 65.000 euros apuntados, por ejemplo.

Fuentes del caso apuntan, con todo, que la medición de ese lapso temporal puede ser «un error», dado que existen sentencias en las que queda reflejado que se debe comenzar a contar «desde el primer pago», con lo que ese número podría incrementarse. Si bien, la Audiencia de Sevilla ha respaldado a la Fiscalía en su forma de medición al estimar recientemente el recurso de dos imputados por ayudas repartidas en la Sierra Norte sevillana.

Al margen de esa discrepancia procesal, en otra lista remitida al órgano judicial sevillano, consultada también por este periódico, se deja constancia de las 115 subvenciones que sí contarían ya con su correspondiente atestado en el imbricado sumario de los ERE.