Una ley social que recae en los ayuntamientos

La Junta envía al Parlamento la Ley de Servicios Sociales que anunció Griñán en 2012 y que blinda judicialmente a los usuarios

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el Proyecto de Ley de Servicios Sociales, que tiene como objetivo principal el blindaje legal de estas prestaciones y que el ciudadano pueda acudir a los tribunales en el caso de que sean conculcados. La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, destacó la trascendencia de la norma, que reformula la ya existente de 1988. Sin embargo, se ha hecho esperar. Se trata de una norma de desarrollo estatutario. Esto es, da cumplimiento a derechos recogidos en el Estatuto de Autonomía. El nuevo articulado andaluz fue aprobado en referéndum en 2007. Asimismo, esta ley ya la anunció el ex presidente José Antonio Griñán en su último discurso de investidura del 2 de mayo de 2012. Cuando supere el trámite parlamentario que se va a iniciar ahora –el gobierno en minoría del PSOE obliga a contar con el apoyo de otros grupos que aún no está garantizado– se habrán rebasado con toda seguridad los cuatro años desde el anuncio de Griñán en la Cámara autonómica.

La titular del ramo, preguntada por este periódico si considera una anomalía el marco temporal en el que se ha movido la ley, negó este extremo aunque reconoció que le hubiera gustado que los plazos hubieran sido más cortos. La tardanza la justificó en la «laboriosidad» de los trámites previos, que han incluido reuniones con colectivos afectados y corporaciones locales. El proyecto de ley ha tenido 2.119 alegaciones.

En la práctica lo que hace la ley es agavillar bajo un paraguas normativo una serie de servicios que ya se están prestando: atención de la Dependencia, teleasistencia, ayuda a domicilio, servicio de ayuda a menores o contra la exclusión social. Y convierten a los usuarios en sujetos de derecho en caso de un litigio en los tribunales dado que hasta ahora los servicios sociales no están regidos por una normativa básica. Hay un amplio campo que está por delimitar, toda vez que estos derechos incluyen además recibir determinadas percepciones económicas o ayudas por servicios, la garantía de que se prestarán en un tiempo razonable. No hay que olvidar que en este momento hay 118.000 andaluces que están en lista de espera para recibir prestaciones de la ley de la Dependencia.

La mayoría de los prestatarios de estos servicios son asimismo los ayuntamientos. Y sobre el tejado de los ayuntamientos cae el fondo de la ley. Pese a que ayer aprobó el Consejo de Gobierno el Proyecto normativo, aún está por ver si es necesario un refuerzo de personal. La consejera argumentó en este sentido que tendrá que abordarlo con las corporaciones locales y con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (Famp). En todo caso, la contratación o refuerzo de personal será «a través de los ayuntamientos», dijo Sánchez Rubio.

Se da la circunstancia de que los municipios vienen quejándose desde hace años del retraso en la recepción de transferencias por parte de la Junta y de la asunción de competencias que entienden le son impropias. Los últimos Presupuestos contemplaban una nueva congelación de la Patrica, la participación de los ayuntamientos en los tributos de la comunidad autónoma. Según la ley, debió ascender a 600 millones en 2014. La asignación actual es de 480 millones.

La Ley de Servicios Sociales pretende garantizar una cartera de prestaciones con un propósito similar al funcionamiento del Sistema Andaluz de Salud. Así, se creará una tarjeta específica, la figura del profesional de referencia y Centros de Servicios Sociales Comunitarias, una suerte de centros de salud, a decir de la consejera de Igualdad. El año pasado 1,1 millones de andaluces hicieron uso de estos servicios.

El PP reclama el pago a proveedores

El PP-A advirtió ayer de que «de nada sirve» una Ley de Servicios Sociales, en referencia al Proyecto de Ley que aprobó el Consejo de Gobierno, si luego no se ejecutan los presupuestos consignados o si no se pagan las deudas con las empresas que prestan estos servicios. Así se pronunció la portavoz adjunta del grupo popular en el Parlamento, Patricia del Pozo, quien señaló que solo en materia de dependencia la administración andaluza debe más de 170 millones, 59 a los proveedores.