Una testigo «amenazada» sitúa las ayudas de los ERE «más arriba» de la dirección de Trabajo

Dibuja un caos de expedientes y cajas y apunta que Guerrero llegó a hacer «una bola enorme» de pagos pendientes.

Arrancó su declaración en el juicio de la pieza política del «caso ERE» con voz temblorosa y una lluvia de pesadumbre, pero acabó taponando una vía de defensa para muchos investigados. La ex asesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa quiso dejar claro al empezar a hablar que siempre ha colaborado con la Justicia «sin ningún tipo de espíritu de defensa», pese a haber sufrido una «situación incluso de amenazas» por parte de «sus superiores» y que iba a volver a hacerlo con el límite de que está investigada en la «macrocausa».

Trasladó a la Sala que entró en la dirección general en 2008 de la mano de su ex titular Juan Márquez, quien le encomendó que se ocupara, entre otras tareas, de las ayudas sociolaborales. Pronto se dio cuenta de que no había habido «ningún funcionario encargado» de su gestión. «Todo era como que lo llevaba Guerrero –Francisco Javier, ex director general de Trabajo–», un «al final del pasillo que era donde estaba el despacho», expresó a preguntas de la Fiscalía. Intentó, como le habían pedido, poner «orden en la deuda» y con el tiempo vio que «había muchos más compromisos en convenios que disponibilidad, digamos presupuestaria», en otras palabras, «como un desfase». Elaboró una primera hoja de cálculo de la que se desprendía que «sobre 300 y pico de millones, quedaban 111 por pagar» y «estaba todo vencido», es decir, «estaba generando intereses». En ese punto anotó que observó los plazos de abono fijados en «las hojas de Guerrero» y «el presupuesto que había», para concluir que el ex director general «había ya hecho una bola enorme».

Rofa dibujó ante el tribunal un escenario caótico de «expedientes colgados», otros que eran «carpetas de la Junta», de «cajas en el despacho de Guerrero de los grandes conflictos» como el de Altadis... «Lo que todos entendemos por un orden no había» y no halló «expedientes al uso» sino «cúmulos de documentos», condensó. Encontraron convenios, notas de reuniones, pero no peticiones formales de las ayudas, además de que en algunas reuniones «al director general, la gente le sacaba otra documentación que no estaba en ningún sitio, de compromisos firmados». En ese contexto, la ex asesora entendió que «el seguimiento lo hacía IDEA», el ente pagador, ya que «ellos tenían los archivos ordenados».

El Ministerio Público se interesó por el visto bueno del viceconsejero de Empleo a las órdenes de pago y Rofa narró que, «según la rumorología, se implantó en la época de Guerrero para hacerle un seguimiento» de lo que repartía «por aquello de los desfases y contradicciones» y en la etapa de Márquez continuó así. «Normalmente no se podía pagar si no estaba el visto bueno», sostuvo, para relatar que una vez no se dio y se les devolvió el asunto con un pósit en el que se daba cuenta de que «el consejero le había dicho a Guerrero» que «no entrara» ahí, a la luz de lo que le transmitió un compañero, y «se quedó aparcado». La testigo insistió en que se requerían «dos firmas jerárquicamente establecidas» e indicó que «en vacaciones el consejero solía sustituir al viceconsejero». Entonces la Fiscalía la interrogó sobre el envés: ¿podía rubricar el abono el viceconsejero sin el director general? A lo que contestó que, «al menos en una ocasión sí». Lo recordaba porque se «ganó una bronca», reconoció, para ligar la escena a la empresa Primayor. Contó que el director general la llamó, dado que la tarde anterior «habían dejado sin preparar una orden de pago porque, según IDEA no había tesorería». Al día siguiente «el viceconsejero la hizo desde su área y se pagó en esa misma mañana». Y hubo más. Con «Justo Mañas», en «un tema urgente de un pago pequeño de Delphi, lo hizo el viceconsejero con su propia firma». «En un momento dado –resumió–, los viceconsejeros tenían capacidad». Es más, en contra de lo defendido por algunos, Rofa mantuvo que «las ayudas podían venir decididas la mayoría de las veces desde más arriba» a la Dirección General de Trabajo. Citó ejemplos como Delphi, donde el viceconsejero Agustín Barberá, «se había comprometido» a desembolsar más de «20 millones» sin decir nada, pero luego les traspasó las rúbricas y «no lo tenían previsto en el presupuesto». «Algunas empresas venían con reuniones previas con el consejero como el Obispado de Cádiz, Santana son decisiones políticas, Boliden de Presidencia, Navantia de Innovación», extendió la mancha.