Unión de padres, centros y sindicatos contra el «sectarismo» de la Junta en la educación concertada

El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, defendió que la decisión del Gobierno andaluz de denegar el concierto a la decena de centros docentes de educación diferenciada por sexo existentes en la comunidad está avalada por informe de su gabinete jurídico, por el principio de igualdad y por «lo ocurrido en otras sentencias». «Lo que hace el Gobierno andaluz es defender lo que cree que corresponde, el principio de igualdad de la Constitución y de la Ley de Igualdad», insistió el vicepresidente.

Esta decisión va acumulando detractores por días. «Otra vez la Junta muestra su lado más sectario en el ámbito educativo. Trata de imponer su modelo, pisoteando la voluntad de miles de familias de estratos socioeconómicos desfavorecidos, desoyendo las sentencias de los tribunales, poniendo en peligro la estabilidad laboral de cientos de trabajadores y ninguneando a las Comisiones Provinciales de Conciertos», criticó el sindicato USO.

Queda patente «el nulo respeto que tiene la presidenta, última responsable de este disparate, a las familias, a los tribunales de Justicia, a los trabajadores y a los órganos de participación democrática que no controlan, y todo por tratar de imponer su modelo educativo».

La asociación HazteOir.org calificó de «masiva» la reacción ciudadana, señalando que en menos de 24 horas, 13.738 personas han exigido a la consejera que «respete el derecho de los padres a elegir la educación que desean para sus hijos».

La Confederación de Empresarios de Sevilla también mostró su total apoyo a las acciones emprendidas por la CECE ante «el cierre de unidades educativas» y lamentó «la falta de compromiso demostrado» por la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, «ante un conflicto que afecta directamente a cientos de niños y a decenas de profesores, así como atenta a la libertad de elección de centro por parte de los padres».

Por su parte, la Plataforma por la Homologación pide garantizar la recolocación de trabajadores si se eliminan unidades concertadas –65 unidades propone Educación– y reclama que en función del nivel socioeconómico de la zona se reconozca la necesidad de aminorar ratio en los centros de «difícil desempeño».