Vallejo conoció en una reunión de IDEA en 2007 el desmán contable de Guerrero

La Junta de Andalucía ha negado a través de todas las vías posibles que le llegaran las alertas de las irregularidades que se estaban produciendo con la partida 31L, bautizada por el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero como «fondo de reptiles». Sin embargo, el desmán contable que se estaba produciendo en el departamento de Guerrero era notorio y no sólo la Intervención General lanzó quince serias advertencias sobre las anomalías administrativas que generaba la fórmula irregular elegida para el pago de las ayudas. El problema llegó hasta otros órganos decisorios como el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), en el que estaban sentados altos cargos de distintas consejerías.

Es significativa el acta de la reunión celebrada el 11 de junio de 2007, aportada en la causa de Invercaria que instruye el juzgado número 16 de Sevilla y a la que ha accedido este periódico. En dicha reunión, se abordan ayudas y acuerdos con un centenar de empresas. El punto 51 hace referencia a la exposición de cuentas anuales. El consejero de Innovación, Francisco Vallejo, invita al director de Administración y Finanzas para que las exponga. Y se detiene en el informe de auditoría relativo a 2006 porque presenta dos salvedades. La primera «pone de manifiesto las eventuales consecuencias económicas que pudieran suponer para la agencia el proceso de diversificación del Grupo Santana Motor SA». La segunda, y más importante, «hace referencia a la incertidumbre derivada de las dotaciones pendientes de recibir de la Consejería de Empleo por importe de 58 millones de euros al cierre del ejercicio, como consecuencia de los convenios suscritos con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de esa consejería». Tal es la gravedad de lo que plantea el estudio auditor, que el acta recoge que «en referencia a este último punto los señores consejeros debaten algunas de las cuestiones reflejadas en el informe de auditoría, y manifiestan su inquietud por la situación de las dotaciones pendientes de recibir, planteándose la posibilidad de establecer un calendario para la recepción de las mismas». En la reunión, además del consejero Vallejo, están presentes su viceconsejero, Jesús María Rodríguez, y, en calidad de vocales, el entonces viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá –imputado en la causa de los ERE– y otros altos cargos de Innovación como Isabel de Haro, Ángel Garijo o Pilar Rodríguez. En otras ocasiones, también asistió Carmen Martínez Aguayo, entonces viceconsejera de Economía y Hacienda, en calidad de vocal.

En 2007, cuando se produjo la mencionada reunión de IDEA –el órgano encargado de pagar las ayudas y prejubilaciones de la partida 31L– la Intervención General ya había hecho llegar a las consejerías de Empleo y de Economía y Hacienda –de la que Griñán era entonces titular– tres informes (relativos a 2003, 2004 y 2005) alertando de graves irregularidades. El informe especial de 2003 –enviado en 2005– también llegó al despacho de Francisco Vallejo. El interventor detectó que, con la fórmula elegida para el pago de la partida 31L, la transferencia de financiación de explotación, la Junta estaba «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido» y se estaban produciendo graves anomalías contables, como un desfase presupuestario que en 2003 ya alcanzaba los 38 millones de euros.

La tesis de defensa de la Junta es que los informes de la Intervención sólo los leyó la Consejería de Empleo –el viceconsejero Agustín Barberá, presente en la reunión de IDEA de julio de 2007, fue el que hizo las alegaciones, esgrimiendo la «paz social» para seguir con la misma fórmula de pago–, pero un problema de tanta envergadura trascendió a otros órganos. La Consejería de Innovación era plenamente consciente del desmán contable en la Dirección General de Guerrero y así se discutió en la citada reunión de la agencia IDEA.

La pregunta que sobrevuela es por qué la Junta no actuó. Guerrero permaneció en el cargo hasta que el ex consejero de Empleo Antonio Fernández –también imputado y libre tras pagar 450.000 euros de fianza– lo llamó a su despacho el 29 de abril de 2008 a las 15:30 horas y le comunicó su cese.

El caso ERE no estalla hasta noviembre de 2010, cuando aparece el primer intruso: el socialista Antonio Garrido Santoyo en el ERE de Mercasevilla. Lo que ocurre después de la marcha de Guerrero lo tiene claro la Guardia Civil y así lo puso de manifiesto en un minucioso informe. La Dirección General la ocupa Juan Márquez –también imputado y libre con cargos–. Se encuentra con una deuda desconocida con las aseguradoras, con ayudas otorgadas o comprometidas a través de expedientes sin tramitación administrativa alguna, con desvío de fondos públicos de unas pólizas a otras (pagos cruzados). La decisión fue la de tapar el escándalo.