Verdemar insta al Gobierno a hacer cumplir su decreto contra el «bunkering»

Verdemar-Ecologistas en Acción remitió en enero al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, una denuncia. ¿Su contenido? Advertir del «incumplimiento del Real Decreto 160/2012, de 30 de noviembre, por el que se declara Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) ES6120032 Estrecho Oriental de la región biogeográfica mediterránea de la Red Natura 2000 y se aprueban sus correspondientes medidas de conservación».

En el escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se recuerda que en el anexo I de la mencionada norma estatal se hace referencia al «bunkering –trasvase de fuel en el mar–» que se repite como una letanía en las aguas del Estrecho. En el Real Decreto del Gobierno central se prohíbe «el fondeo permanente de buques tanque dedicados al suministro de combustible en las aguas comprendidas dentro del espacio protegido». Motivo por el que Verdemar adjunta al texto una relación de compañías y buques «que hacen avituallamiento o 'bunkering' en el LIC del Estrecho Oriental». Naves que «están fondeadas permanentemente dentro del espacio protegido, suministrando combustible». De hecho, aportan gráficos e imágenes de capturas de satélite para sustentar sus afirmaciones y solicitan que el Ministerio «lleve a cabo las actuaciones necesarias para proceder a restablecer la legalidad». Es más, piden a García-Margallo que se las comunique a Verdemar, una vez se hayan puesto en marcha.

Veintiún días después, el director general de Política Exterior y Asuntos Multilaterales Globales y de Seguridad del Gobierno central rubrica un escrito de respuesta en el que se informa al presidente de la organización ecologista, Antonio Muñoz, de que se ha dado traslado de la denuncia a «los efectos que pudieran proceder» al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que dirige Miguel Arias Cañete. ¿La causa? Se trata del órgano al que, según explican desde la Dirección General, competen los «posibles incumplimientos de lo dispuesto» en el Real Decreto en cuestión.

Muñoz asevera que permanecerán atentos a los movimientos del Ejecutivo central y anuncia a este periódico que en los próximos días volverán a remitir a Madrid otra queja «porque ha habido cambios en la localización de alguna gasolinera flotante».

No se darán por vencidos y adelanta, asimismo: «Si España no es capaz de tramitar nuestra denuncia, la llevaremos a la Unión Europea». El colectivo ecologista considera que no se pueden elaborar normas para luego «permitir que se incumplan».