Ya hay fecha para el vuelco de los correos intervenidos a cargos de la Junta: el 23 de marzo

La jueza asevera, en línea con la Fiscalía, que la medida no es “indiscriminada, innecesaria ni prospectiva»

El próximo 23 de marzo. Ésa es la fecha que la titular del juzgado de Instrucción número 3, Patricia Fernández, ha fijado finalmente para que se proceda al volcado de los correos electrónicos intervenidos a tres altos cargos y una docena de 12 funcionarios de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y para que pueda hacerse con una copia de los mismos la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para su estudio. Esa maniobra llegará, en el ámbito del proceso judicial en el que se analiza la adjudicación por parte de la Junta a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar (Sevilla), después de que la misma jueza la impidiera en febrero, porque algunos de los afectados –entre ellos la viceconsejera de Empleo, María José Asensio– se movieron para impedirlo y no se habían resuelto aún sus recursos. Sin embargo ahora, la magistrada ha hecho suyos los argumentos a favor de la medida que enumeró la Fiscalía y en un auto, al que tuvo acceso LA RAZÓN, defiende que la diligencia «no resulta indiscriminada, innecesaria ni prospectiva».

No cree la instructora que el vuelco de la correspondencia electrónica suponga una «injerencia» en «el ámbito del derecho fundamental del secreto a las comunicaciones, dado el cauce a través del cual se mantuvieron los contactos». En otras palabras, que las cuentas a rastrear son corporativas, por lo que no tendría que haber en ellas cuestiones de carácter personal o privado. A ello suma Fernández en su resolución que sólo se estudiarán los emails que «estén directamente relacionados con esta causa» y el resto quedará «al margen del procedimiento». De acuerdo a sus indicaciones, la Guardia Civil analizará «exclusivamente» los pasajes de los correos que, «encontrándose directamente relacionados con el objeto de la presente investigación –lo que no incluye comunicaciones ligadas a las estrategias de defensa jurídica de los señalados–» resultasen «relevantes» para el avance de las pesquisas y el «completo esclarecimiento de los hechos» investigados. Es más, la jueza recuerda en su auto que la medida fue adoptada «a fin de poder ascender del estadio de las meras sospechas al de las confirmaciones sobre la realidad o no de determinadas afirmaciones de las que se han venido haciendo hasta la fecha». La UCO tendrá que dar cuenta al juzgado de sus averiguaciones sobre los correos y contra la resolución de Fernández cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Sevilla.