Zoido pide a Griñán soluciones para las 400.000 familias en paro

El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, exigió ayer al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que también plantee soluciones para las más de 476.200 familias andaluzas con todos sus miembros en paro y no sólo para las 200 afectadas por desahucios a las que se les pretende dar una respuesta a través del Decreto Ley de vivienda.

Durante su intervención ante la Junta Directiva Provincial del PP de Sevilla, Zoido se preguntó cuándo va a ofrecer Griñán una solución a esas más de 400.000 familias en las que nadie cuenta con un puesto de trabajo, según los últimos datos de marzo. Es más, planteó que de arreglar ese problema a razón de 200 familias al año, como pretende la nueva norma de vivienda, harían falta «2.380 años».

Para Zoido, el hecho de que Andalucía sea la comunidad con más paro de España es fruto del fracaso de las políticas del PSOE en sus 30 años de gobierno, a lo que se ha sumado ahora el «radicalismo» de IU, que sólo contribuye a «agravar» la situación. Precisamente el portavoz de la coalición de izquierdas en el Parlamento regional, José Antonio Castro, anunció ayer que esta formación política seguirá «sacando medidas» desde el Gobierno andaluz que «señalen a los culpables de la crisis».

Según Castro, su formación no participará en «ninguna pelea por ver quién se lleva la titularidad del decreto», contra los desahucios, al ser preguntado sobre la inclusión de parte de su contenido en la propuesta del PSOE para el Proyecto de Ley sobre la materia que se tramita en el Congreso de los Diputados.

«Entre otras cosas –matizó– porque seguimos preparando otros decretos», entre los que citó uno para la defensa de los consumidores frente a productos financieros como las hipotecas o las participaciones preferentes. Según su portavoz, IULV-CA defenderá desde el Gobierno autonómico otras medidas que «señalen a los culpables de la crisis», insistió, y que además supongan «una salida justa, social y democrática a la estafa que han impuesto los poderes financieros de la mano de la 'troika'» y los gobiernos de PP, y antes del PSOE.

De otro lado, y en relación al polémico Decreto Ley de vivienda, la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga considera que éste crea «inseguridad jurídica», especialmente en los posibles compradores de inmuebles y a los que cuentan con una segunda residencia en la provincia. Su presidente, José Prado, apuntó que los promotores «no pueden ser los únicos a los que se dirija la Junta de Andalucía» para solventar el problema de los desahucios.

El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, por su parte, pidió al PP que «respete» a las instituciones andaluzas y sus decisiones y permita que la Junta aplique el Decreto Ley.