Cortan la N-620 para pedir la paralización del proyecto de mina de uranio de Retortillo

Decenas de personas, más de 400 según los organizadores y cerca de 200 según fuentes de la Guardia Civil, cortaron ayer al mediodía, por quinto año consecutivo, la carretera N-620, en el cruce con la comarcal SA-315 a su paso por La Fuente de San Esteban, para pedir la paralización del proyecto de mina de uranio a cielo abierto que la multinacional australiana Berkeley quiere poner en marcha en la localidad salmantina de Retortillo.

Así, y minutos antes de las 13.00 horas, vecinos de la localidad afectada y de otras vecinas como Boada, Villavieja de Yeltes o La Fuente de San Esteban, comenzaron a llegar al punto de encuentro para rodear y cortar, con el permiso de la Guardia Civil, la carretera N-620 durante una hora y testimoniar de esa manera sus reivindicaciones.

Bajo pancartas con mensajes como «Villavieja de Yeltes dice no a la mina», «Boada no quiere mina de uranio», «Salamanca ganadera no quiere la mina» o «Por la naturaleza y la ganadería, la salud y el futuro del campo charro, no a la mina», las personas concentradas, muchas de ellas ataviadas con camisetas azules de la plataforma «Stop Uranio», reivindicaron la paralización del proyecto de Berkeley bajo consignas ya vistas otros años como «No a la mina, sí a la vida» o «Salamanca ganadera no quiere ser minera».

El portavoz de la coordinadora «No a la mina», Felipe Yuste, señaló minutos antes del inicio de la concentración que ya el pasado año esperaban que «fuera la última» porque, tras la moción que aupó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, confiaban en que paralizase el proyecto porque «el PSOE se ha declarado antinuclear y se han mostrado favorables a nuestros planteamientos».

Sin embargo, y debido a que «en su agenda había otras prioridades, han hecho que el proceso de paralización se retrasase». Por ello, Yuste manifestó que desde la coordinadora seguirán «alerta» porque no tienen «nada claro que el Ministerio, el CSN, la Audiencia Nacional o la Audiencia Provincial», donde tienen el proceso recurrido, «puedan paralizar la mina si no existe esta presión social».

Otra de las portavoces de la Plataforma confió en que «prevalezca el sentido común» para «dejar a las generaciones futuras este espacio tal y como está».