Castilla y León
Decidido apoyo de las Cortes de Castilla y León al municipalismo
Populares y socialistas aprueban un modelo territorial que mejora el futuro de nuestros pueblos
Los municipios de Castilla y León están de enhorabuena. Las Cortes regionales, en un intenso arranque de curso político, aprobó, con los votos favorables de los grupos mayoritarios -PP y PSOE-, el proyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, con lo que se acuerda un modelo territorial para este siglo que mejora la calidad de vida de las personas, sobre todo las que viven en el medio rural.
Asimismo, la norma, que como definió el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, «como la de mayor calado para nuestra Comunidad, sólo por detrás del Estatuto de Autonomía» garantiza los servicios sociales.
Más de dos años de intensos debates han tenido que transcurrir para que la iniciativa viera la luz, gracias al consenso alcanzado por 'populares' y socialistas, en favor de los ciudadanos. Fuera del pacto, se ha quedado el Grupo Mixto, aunque también han realizado sus aportaciones para mejorar el documento inicial.
La ley garantiza los servicios públicos, puesta por su cercanía e igualdad en la prestación, mantiene todos los municipios y entidades locales menores, avanza en la modernización de las diputaciones, en la cooperación financiera con las entidades locales y en la gobernanza local, destacó el consejero de la Presidencia. «Un mundo local más fuerte, hace una Comunidad más fuerte», proclamó. Además de subrayar que se da respuesta a un deseo expresado desde hace tiempo y que prepara a la Comunidad para los retos del futuro, De Santiago-Juárez aseguró que recoge todos los instrumentos del Estatuto de Autonomía, como la elaboración del Plan Plurianual de Convergencia Interior, el Fondo Autonómico de Compensación y la participación de los municipios en los ingresos de Castilla y León.
En ese camino de dificultades, De Santiago-Juárez no olvidó que se ha confundido el proyecto de la Junta con la reforma local del Gobierno pero recordó que el Ejecutivo autonómico presentó hace más de dos años su modelo y que el PP no llegó a La Moncloa hasta noviembre de 2011. "Es compatible, pero no está en sintonía», aseveró, aunque confió en una mejora en el debate en el Congreso.
El responsable regional de la cartera de la Presidencia defendió que la Junta siempre se planteó este modelo como un asunto de comunidad, que debía perdurar en el tiempo, en el que todos estuvieran cómodos y en el que no podía primar el color político. «El consenso era imprescindible para avanzar, sin tener en cuenta encuestas o las elecciones, debe ser un pacto que supere legislaturas e incluso intergeneracional», subrayó.
Una vez aprobado, comprometió el desarrollo y la elaboración del mapa de servicios, que requiere su aprobación por dos tercios de las Cortes regionales, «con rapidez sin que engendre el vicio de la prisa» y pidió, ante los retos que se abren, «generosidad, valentía, superar prejuicios, miedo y asumir riesgos todos».
El proyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio, enviado el pasado mes de abril por la Junta a las Cortes, se aprobó con el acuerdo de PP y PSOE, reforzado en los pactos firmados en octubre de 2012 y en junio de 2013 por entender que es un asunto de Comunidad, que debe pervivir en el tiempo y estar alejado de los cambios de color político y electorales.
La importancia y trascendencia de este proyecto, reclamado desde hace años, motivó que subieran a la tribuna de invitados los portavoces socialista y popular para explicar las bases del nuevo edificio que echa a andar y el futuro que se abre en su desarrollo. «Este no es el punto de llegada, sino el de partida», afirmó el portavoz socialista, Óscar López. Asimismo, declaró que «la ley de ordenación debe ser el escudo para lograr el crecimiento económico, proteger los servicios públicos, los ayuntamiento y, en definitiva, a los ciudadanos de Castilla y León».
En la misma línea, el portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández Carriedo, resaltó que sale una buena ley, que piensa en las personas, en la calidad de vida y se garantizan los servicios en el territorio; mientras que el procurador de Izquierda Unida, José María González, reconoció mejoras en la norma y puso en valor el apoyo que ha dado a algunas enmiendas en la ponencia, pero lamentó que esa postura no se haya mantenido y que no se haya entrado en el debate de las diputaciones, de la comarca y áreas metropolitanas.
Ayudas sociales
Además del modelo territorial, éste comienzo de curso político en las Cortes de Castilla y León está siendo muy prolífico. El Parlamento autonómico ha aprobado numerosos proyectos de ley, entre los que destaca el crédito extraordinario de 277,8 millones aprobado por la Junta, derivado del margen de déficit, cuyo destino es el esfuerzo de los servicios públicos y la creación de empleo. Se destinará una partida de 100 millones a la Sanidad irá a reducir las listas de espera, la reapertura de urgencias nocturnas en consultorios locales cerradas en octubre de 2012 y renovar tecnología para facilitar el diagnóstico en la atención especializada.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades contará con 48,5 millones para la ampliación de la Renta Garantizada de Ciudadanía (20 millones de euros) y los servicios profesionales de la dependencia.
Por su parte, Educación dispondrá de 34,3 millones para compensar becas y ayudas de comedor, gastos de funcionamiento y profesorado de centros públicos y los programas «Madrugadores» y «Tardes en el Cole».
Los 85 millones asignados a la Consejería y Medio Ambiente tendrán como destino la mejora y mantenimiento de carreteras, la campaña de viabilidad invernal, la lucha contra incendios forestales y obras de infraestructura. Además, se reservan diez millones de euros para el plan especial de empleo para la contratación de parados. Otros 820.000 se dirigen a pequeños proyectos de infraestructura no incluidos en las cuestas de este año.
Carlos Fernández Carriedo/PP
«Es una buena Ley que piensa en las personas y la calidad de vida»
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular destacó que del intenso trabajo y el debate en las Cortes de Castilla y León sale una buena ley que piensa en las personas y en la mejora de la calidad de vida. Y es que, el representante del PP señaló que se trata de una de las normas más importantes, ya que garantiza los servicios básicos en el territorio, sobre todo en los pequeños pueblos de nuestra Comunidad. Además, miró al futuro para asegurar que se deja abierta la puerta para la colaboración en la elaboración del mapa de servicios, para el que la ley marca un plazo de tres meses desde su aprobación que permitirá tener un modelo de futuro y comprometido con el municipalismo.
Óscar López/PSOE
«La norma debe ser el escudo para lograr el crecimiento económico»
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista resaltó que la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio «debe ser el escudo para lograr el crecimiento económico, proteger los servicios públicos, los ayuntamientos y, en definitiva, a los ciudadanos de Castilla y León». Asimismo, defendió el acuerdo ante «la amenaza» para el mundo rural, su autonomía y sus servicios, y añadió que los efectos de ese pacto se han visto con la reapertura de urgencias nocturnas en los consistorios rurales y el plan de empleo. El dirigente socialista afirmó que «esta es la tierra de los ayuntamientos, de los pequeños municipios y de las entidades locales menores, defender nuestro modelo es defender nuestra tierra».
José María González/IU
«Lamento la falta de debate sobre las comarcas y diputaciones provinciales»
El portavoz del Grupo Mixto, única formación que mostró su rechazo a la norma, y procurador de Izquierda Unida (IU), José María González, lamentó que «no se haya entrado en el debate de las diputaciones provinciales, de la comarca y áreas metropolitanas», al tiempo que vio «flancos» en la defensa ante el Gobierno de Mariano Rajoy de las entidades locales menores. Además, valoró positivamente la entrada de los agentes sociales en la elaboración del mapa de servicios y reconoció que el debate en el Parlamento autonómico ha servido para mejorar la norma, por lo que puso en valor el apoyo que ha dado a algunas enmiendas en la ponencia.
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