Destapan irregularidades empresariales sobre casi 17.000 empleados en la Región

UGT exige más inspectores y agentes reguladores de riesgos laborales y de igualdad

En la imagen, un inspector de trabajo conversa con los obreros tras el derrumbe de una obra en el centro de Valladolid
En la imagen, un inspector de trabajo conversa con los obreros tras el derrumbe de una obra en el centro de Valladolid

«La labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es más necesaria que nunca en un contexto de precariedad laboral galopante, que cercena los derechos de muchos trabajadores, impide el desarrollo de un plan de vida y pone en riesgo su integridad física». Así lo considera el secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGT en Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, tras los datos publicados por el Ministerio de Trabajo.

Las cifras «ponen de relieve que cada año se siguen destapando miles de infracciones por parte del empresariado de la Comunidad», asevera.

En concreto, el año pasado concluyó con 44.922 órdenes de servicios finalizadas, que impulsaron 94.339 actuaciones y el levantamiento de 4.420 infracciones en acta, con unas sanciones impuestas por valor de 10,56 millones de euros, y 16.646 trabajadores afectados.

Estos importantes datos contrastan con los de hace una década, cuando los inspectores desarrollaron menos órdenes de servicio, 42.454, que dieron lugar a 106.459 actuaciones y generaron 6.038 infracciones, 13,68 millones en multas y 31.942 empleados afectados.

Es decir, las infracciones detectadas bajaron en 2017 respecto a 2007, un 26,8 por ciento; la cuantía de las sanciones se contrajo un 22,8 por ciento; y los trabajadores afectados disminuyeron un 47,8 por ciento, pese al aumento de las órdenes.

Dispersión geográfica

Santa Eufemia analizó estos datos y denunció que en la Comunidad se sufre una «carencia de inspectores de trabajo desde hace muchos años». En este sentido, recalcó que hay 253 efectivos, de los cuales sólo 129 son inspectores y subinspectores «para cubrir una extensión de 94.000 kilómetros cuadrados, con una población ocupada de 9171.700 trabajadores y 70.000 empresas».

«El problema de la extensión y la dispersión geográfica que sufrimos es un criterio que no se considera por parte del Ministerio a la hora de asignar inspectores a una territorio y otro, y nosotros creemos que debe considerarse a la hora de hacer sus previsiones», indicó.

El dirigente sindical, quien felicitó la iniciativa del Gobierno de enviar cartas de oficio advirtiendo a las empresas de posibles contratos en fraude de ley, insistió en que faltan inspectores, aunque los programas «están siendo positivos».

En este contexto, Santa Eufemia apostó por crear 3.000 agentes reguladores frente a los accidente laborales y de igualdad para reducir la brecha de género, así como la figura del delegado territorial de prevención de riesgos laborales, que se encargue de visitar a las empresas donde no hay representación sindical.