Empleo, igualdad y medio rural tendrán prioridad en el reparto del IRPF social

Aquellos proyectos que presenten las entidades sociales de la Comunidad que promuevan la contratación de ciudadanos en riesgo de exclusión social, mujeres víctimas de malos tratos o de personas con alguna discapacidad; que cuenten con planes de igualdad que faciliten la conciliación; que se lleven a cabo en el medio rural; y que promuevan la participación social y el voluntariado, tendrán prioridad en las subvenciones que reparta Castilla y León del dinero que recaude procedente del nuevo modelo mixto para gestionar la recaudación del 0,7 por ciento de la «X» solidaria para fines sociales, que los contribuyentes marcan en su declaración de la renta.

Así se desprende del acuerdo que renovaban ayer la Consejería de Familia y el Tercer Sector, del que forman parte oenegés como Cruz Roja, Cáritas, Cermi o la Red Europea contra la Pobreza, y con el que pretenden «blindar» las ayudas a estas entidades para dotarlas de certidumbre y estabilidad financiera y de esta forma puedan dar continuidad a los más de cuatrocientos programas que tienen en marcha para atender a los más vulnerables y que beneficiaron el pasado año a más de 40.000 personas.

Además de estas cláusulas sociales, otra de las novedades es que el reparto de las subvenciones se basará ahora en la concurrencia competitiva y no de manera directa como que se hacía antes de que entrara en vigor la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 19 de enero en la que daba a las Comunidades la gestión de la financiación de las oenegés. «Con este frente común seguiremos garantizando apoyos a las personas más necesitadas de la Comunidad», destacaba la consejera Alicia García, quien recordaba que estas ayudas serán compatibles también con otras subvenciones procedentes de la Junta. «No es solo la ayuda económica, sino la atención integral y el hecho de que con estos programas dignificamos a las personas y conseguimos que ellos sean su propio motor de cambio», decía, por su parte, José Varela, presidente de Cruz Roja en Castilla y León.

Que Castilla y León, tras las negociaciones que deben llevarse a cabo en los próximos meses con el Gobierno y el resto de autonomías, no pierda ni un solo euro de los 20 millones (10,4 por ciento del montante total) que recibió el pasado año del Estado por la asignación del IRPF, es el objetivo que persigue la Junta y el Tercer Sector. Y en caso de que hubiese un mayor recaudación por el incremento de «X» solidarias para fines sociales, Alicia García aseguraba que peleará con el resto de regiones por que se apliquen los criterios de despoblación, dispersión territorial o envejecimiento en el reparto, para poder optar a más dinero.

Animan a practicar la rentaterapia

En el pasado ejercicio de la Renta, más de 400.000 contribuyentes de la Región no marcaron ninguna de las dos «X» de las casillas para la Iglesia o para fines sociales. Lo recordaba Daniel Duque, de la Red Europea contra Pobreza, quien animaba a los castellanos y leoneses a practicar la «rentaterapia» y marcar la casilla social «para afianzar los proyectos que tenemos en marcha». Y pedía atención al hacer la declaración a través de las nuevas tecnologías, por que se suele olvidar marcar las casillas.