Herrera da la cara por ayuntamientos y diputaciones por su utilidad y cercanía

Entre 300 y 330 millones de euros. Ese es el coste que la Junta de Castilla y León estima que supondrá, «en un escenario suficientemente garantista», la aplicación de la reforma local del Gobierno central, cuyo plazo de presentación de enmiendas concluía ayer en el Senado.

«Vamos a pujar hasta el final para que las funciones vayan acompañadas de financiación adicional», aseguraba el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quien remarcaba la importancia de afrontar una revisión de las finanzas autonómicas y locales para que vayan de la mano, una circunstancia, recordó, sigue pendiente desde hace una década y media, que otorgaría «tranquilidad». Si bien, Herrera, fue rotundo al asegurar que «no nos asusta» asumir funciones en que ya prestamos servicios, que tendrán un coste adicional, siempre que vayan unidas a recursos.

De igual manera, destacó el trabajo de las entidades locales y apoyó que sean ellas las que desarrollen la «función de proximidad», argumentó, «aunque en Madrid haya quien no quiera enterarse de ello».

Asimismo, Herrera defendió que cualquiera que sea la titularidad de las prestaciones en ámbitos como la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales, se desarrolle a partir de una correcta financiación, a la par que reconoció que «no se puede resolver transfiriendo déficit a las comunidades autónomas, porque -reconoció- puede encerrar el cierre de esos servicios».

Desde el grupo parlamentario socialista, su portavoz, Óscar López, quien preguntó acerca de ese sobrecoste para las arcas de la Junta de la asunción de funciones derivadas de la reforma local, aplaudió que el presidente reconociera que la norma estatal es «nefasta, recorta autonomía municipal y servicios».

Al respecto, el líder socialista aseguró que sólo con los recortes sanitarios, en Educación -a partir de una Ley Wert que supondría un desembolso adicional de más de 50 millones de euros- y esta nueva regulación competencial, «el Gobierno de Rajoy le está saliendo muy caro a Castilla y León».

Amparándose en el acuerdo sobre la Ley de Ordenación y Servicios en el Territorio de Castilla y León, el líder de la oposición demandó que, «si la ley se queda como está, si no se cambia de arriba abajo, denuncie la reforma local ante el Tribunal Constitucional», como ya han avanzado otras comunidades autónomas que harán. Una petición que justificó señalando que la reforma va contra la autonomía municipal y provee una previsible privatización de servicios. Herrera zanjó esa petición llamando al portavoz del Partido Socialista al «respeto institucional, al sentido de la responsabilidad y a la memoria histórica», porque, señaló, «estoy dispuesto a recibir las lecciones que quiera», pero descartó aceptarlas en lo referente a la gestión económica de las administraciones.

Al respecto, recordó que «el actual modelo de financiación autonómica -que sacó adelante el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero- fue definido como un traje a la medida, pero lo cierto es que se nos quedó pequeño al día siguiente». Un hecho al que agregó que, durante ocho años, los socialistas respaldaron «el olvido de ese capítulo que tiene que redefinirse para hacer frente a competencias propias que no disponen de suficiente financiación».

Herrera subrayó que «el trabajo realizado desde Castilla y León no ha sido baldío», habiéndose logrado corregir asuntos como el del coste estándar (cambiado por el objetivo), la justificación de contabilidad de las entidades locales menores -«para que no se las impute pecados de sus ayuntamientos de cabecera»-.