Herrera propone ir juntos para resolver problemas frente al debate partidista

La Razón
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Unidad y trabajo más allá de «quebrantos» y «discrepancias». Fue lo que planteó el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, para hacer despegar el proyecto de cohesión y vertebración que supone la Ordenación del Territorio, pero también para avanzar en el desafío que marca una financiación autonómica que garantice ingresos suficientes para prestar servicios con calidad.

Por ello, Herrera defendió «estar juntos en lo esencial, pese a discrepar en el día a día», y fue más allá al incidir en la importancia de «mantener la voluntad de unión en el desarrollo del Estatuto de Autonomía en cuestiones de Comunidad» como las citadas.

El presidente se expresó así momentos antes de arrancar el acto institucional en que se celebraba el aniversario de la norma autonómica, que definió como «el Estatuto de todos» y como una herramienta que «ha permitido consolidar la madurez de un proyecto como comunidad autónoma», a partir de la voluntad de los castellanos y los leoneses.

Herrera se refirió a la utilidad del texto aprobado en 1983, a partir de una «oferta permanente y leal de trabajo conjunto» centrado en un autonomismo útil, enfocado en la mejora y modernización de la atención al ciudadano». Por ello, Herrera volvió a dar la cara por el modelo autonómico, que «ha dado resultado y es dinámico».

De igual modo, Herrera defendió que, pese a los momentos «dramáticos» vividos en los últimos años, el Estatuto: «sigue impulsando políticas económicas y de empleo e incide en la pasión por garantizar servicios sociales y de calidad y equidad», para, a renglón seguido, recordar el consenso cosechado en la última reforma de la norma autonómica, que en 2007 no recibió ningún voto en contra en todo el trámite parlamentario.

Desde la oposición, se aprovechó la efeméride para cargar las tintas contra el gobierno autonómico. Así, el portavoz del grupo del PSOE en las Cortes, Óscar López, se refirió al Estatuto como «una excelente herramienta», si bien puso en duda su «pleno desarrollo», porque debería ser una fórmula para crear empleo, para garantizar los servicios públicos y para propiciar el crecimiento económico. Denuncias en las que coincidió su compañero de filas, el secretario autonómico socialista, Julio Villarrubia, quien señaló que «el brazo ejecutor no ha sido capaz de cumplir, ni siquiera mínimamente, lo aprobado» hace siete años, lo que achacó a una «manifiesta incapacidad».

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular, Carlos Fernández Carriedo, refutó esta última idea, y enumeró algunas de las leyes que han salido adelante en el último año en el Legislativo, como las referidas a las personas emigrantes e inmigrantes, colectivos con discapacidad y vivienda. «Mientras otros se ocupan en profundizasr en las diferencias, nosotros nos preocupamos por trabajar en lo que nos une», aseveró.

Desde el grupo mixto, el procurador de IU, José María González, consideró que «en los últimos tiempos» no se cumple con los derechos que recoge el Estatuto, al contrario, agregó, «se está produciendo un grave retroceso en ellos», en particular los referidos al empleo, pero también los referidos a la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales.