Herrera ve «indecente» que se cuestione la Red residencial por dos casos aislados

Las irregularidades sanitarias y de asistencia a las personas mayores que viven en las residencias salmantinas de Babilafuente y Castellanos de Moriscos, desveladas por el cocinero Alberto Chicote en un programa de La Sexta, acaparaban la atención del debate parlamentario de ayer en las Cortes, con el líder de Podemos, Pablo Fernández, y el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, como protagonistas.

El primero, por la defensa que hacía de la profesionalidad de los trabajadores de estas residencias y la de los inspectores. Y, el segundo, por marcharse del hemiciclo tras ser advertido de expulsión hasta en dos ocasiones por parte de la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente. Fernández se iba de la Cámara visiblemente enfadado por que Herrera se refiriera a su persona y sus gestos como «muñeca diabólica». Calificativo que el presidente retiraba después.

Antes, el dirigente de Podemos se mostraba «horrorizado» por lo que el programa de Chicote había denunciado, y acusaba a la Junta de «dejadez», de no preocuparse por las personas y de contar con una «nefasta» vigilancia.

El presidente reconocía que los casos de Babilafuente y Castellanos de Moriscos son «graves y deplorables», pero consideraba «poco decente» que por estos dos hechos «aislados» se cuestione a toda una Red formada por más de 700 residencias, «que está muy bien valorada y que atiende a decenas de miles de personas en toda la Comunidad». Igualmente, reivindicaba que Castilla y León es la región de España con mayor cobertura, con el doble de plazas que la media nacional financiadas con dinero público (7,8 plazas por cada cien personas) y aseguraba que las 47.000 actuales son 1.500 más que las que había al inicio de la legislatura. Herrera reprochaba también a Fernández que dijera en el debate que conoce muchos más casos de mala praxis en residencias, por lo que le pedía responsabilidad y que si es verdad que vaya a la Fiscalía a denunciarlos. Y ante la petición del líder de Podemos de aumentar el número de inspectores, Herrera aseguraba que el pasado año 600 profesionales realizaron más de 3.200 auditorías.

Ayudas a dependientes

El socialista Luis Tudanca, por su parte, también acusaba al presidente de no atender a los mayores, y ponía como ejemplo a Ana Caridad, una anciana gran dependiente que percibía 290 euros en Madrid y que al trasladarse a Soria a vivir ha pasado a cobrar 30 euros. «Este caso nos avergüenza y cuestiona los dieces de los que presume la Junta en Dependencia», denunciaba Tudanca, quien aseguraba que hay otras tres mil personas más en la misma situación que Caridad.

El presidente negaba recortes al afirmar que el servicio profesional por el que apuesta la Junta «y Zapatero al crear la Ley», puede permitir a Caridad multiplicar por tres las ayudas a través de la prestación vinculada. Y recordaba que el 80 por ciento de los 588 millones de euros que la Comunidad gasta en Dependencia proviene de la Junta, por lo que avanzaba que en la reunión que mantendrá con Pedro Sánchez, el próximo 27 de noviembre, le pedirá más fondos para poder atender a los dependientes.