La Junta devuelve libranzas a funcionarios y blinda a los ganaderos de ataques de lobos

El Consejo de Gobierno aprobaba en el día de ayer la modificación del decreto que regula la jornada, horario, vacaciones, permisos y licencias del personal funcionario de la Administración regional. La vicepresidenta de la Junta, Rosa Valdeón, informaba que con esta modificación se devuelven las libranzas y permisos a los trabajadores de la administración y recuperar, de esta manera, las condiciones, previas a la crisis.

Así, se fijan en 22 los días hábiles de vacaciones y se recuperan los días adicionales según el tiempo trabajado. Es decir, con quince años se tendrá derecho a veintitrés días; con veinte, a veinticuatro días; veinticinco días hábiles por veinticinco años trabajados y veintiséis para los de treinta o más años.

Por otro lado, la modificación afecta a la normativa actual sobre los días por asuntos particulares. De esta manera, se recuperan los seis días y su disfrute se podrá realizar a lo largo del año natural y hasta el 31 de enero del año siguiente. También se se recupera el incremento de días por antigüedad estableciéndose en dos días adicionales al cumplir 18 años de servicio y un día adicional por cada tres años cumplido a partir de los 24 años de servicio.

A ello se suma la modificación hecha también y que afecta al personal sanitario y que supondrán días adicionales de servicio por diversos motivos, en sintonía con la nueva legislación y con el acuerdo marco de octubre de 2015. Un acuerdo que supondrá un coste para Sacyl de 16 millones de euros durante los próximos dos años, y de 12 millones a partir del año 2018.

Además, el Gobierno autonómico ha regulado el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública que tienen todos los ciudadanos. De esta forma se fijan los ámbitos de aplicación, el contenido, los órganos competentes, los plazos y las vías para el correcto desarrollo del proceso.

También Valdeón informó de la puesta en marcha de un seguro de responsabilidad de la Junta para blindar a los ganaderos de los ataques de lobos y otras especies. Por un valor de 1,1 millones de euros se quiere paliar los daños y perjuicios causados por el cánido ibérico al Sur del río Duero, por el oso pardo en toda su área de distribución y por la avutarda en la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila, además de por las especies cinegéticas en reservas autonómicas, cotos y zonas de caza controlada y terrenos vedades propiedad de la Junta que ya estaban asegurados.

Entre otros acuerdos tratados se encuentra la aprobación de subvenciones a disntinas entidades en materia de protección civil; una subvención de 39.000 euros a varios ayuntamientos del Camino de Santiago y del Consejo Comarcal del Bierzo; la designación de nuevos miembros del grupo de expertos del Consejo Económico y Social; 3,3 millones para energía eléctrica y suturas en el Complejo Asitencial Universitario de Salamanca o 2,2 millones de euros a acciones de asesoramiento e información en materia de prevención de riesgos laborales.

Conflicto en Lauki

El anuncio del cierre de la empresa láctea Lauki y sus repercusiones también fue analizado por la vicepresidenta y consejera de Empleo, quien indicó que el Gobierno regional está trabajando en «silencio» con los trabajadores con el objeto de buscar una salida idónea y satisfactoria a la situación. Valdeón confirmó que existe una empresa interesada en la compra de la fábrica, aunque no quiso desvelar el nombre (asegurando que ni ella misma lo conocía) y que en los próximos días el presidente Juan Vicente Herrera recibirá al comité de empresa, aunque aseguró que las conversaciones entre miembros del Ejecutivo regional y empleados de Lauki es constante. «El problema es que Lactalis no quiere vender», arguyó.