La regeneración y defensa de los servicios públicos marcarán la agenda política

Como suele ser habitual por estas fechas, el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, daba ayer en Galicia, su tierra, el curso político en nuestro país.

Un nuevo periodo que, en el caso de Castilla y León, comenzará el próximo 1 de septiembre y se avecina «calentito», a tenor de las declaraciones de algunos dirigentes políticos de esta Comunidad, principalmente socialistas y de Podemos, desde donde tienen claro que el otoño se presenta intenso debido a las citaciones de algunos dirigentes del PP ante la Justicia por las distintas causas abiertas, como la trama eólica, el edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda o los terrenos del polígono de Portillo.

Si bien, este inicio de curso político en esta Comunidad estará también marcado por una nueva negociación presupuestaria, la correspondiente al 2018, apenas unos pocos meses después de que se aprobaran con retraso las cuentas de este año. Para el PP, aprobar los presupuestos del próximo año es una de las prioridades y confían en poder alcanzar un acuerdo como este año con Ciudadanos y los leonesistas de la UPL. «Queremos reeditar el pacto alcanzado hace unos meses, pero tendemos también la mano al resto de formaciones para conseguir un acuerdo más amplio», señala Raúl de la Hoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, en declaraciones recogidas por Ical. No obstante, la reedición de este pacto se antoja un tanto complicada debido a las líneas rojas que plantea Ciudadanos para conseguir su apoyo o abstención. Requisitos que, aunque reconocen que algunas no pueden ponerse en marcha de inmediato, pasan por mejorar en varios aspectos que tienen que ver con la regeneración democrática, como que se supriman los aforamientos de los procuradores, se modifique la ley de senadores autonómicos, se desbloquee la reforma de la Ley Electoral de Castilla y León o se modifique también el funcionamiento de las comisiones de investigación en las Cortes regionales. Los socialistas, por su parte, tienen mente la mejora de los servicios públicos y, en el caso de la reforma estatutaria que reclama Podemos, que se pueda conseguir blindar un suelo social en el Estatuto de Autonomía.

De la misma forma, en el PSOE estarán expectantes en el desarrollo de pacto industrial. Su viceportavoz, Virginia Barcones, asegura a Ical que estarán vigilantes con este tema y que centrarán sus iniciativas parlamentarias de este nuevo arranque del curso político en la lucha contra la despoblación, la defensa de los servicios públicos y en acabar con la desigualdad entre los territorios.

En Podemos, por su parte, coinciden también con el PSOE en la defensa de los servicios públicos como las prioridades de su partido en este sprint final del año.

Además de tratar de aprobar los presupuestos, los populares estarán muy centrados en este arranque en el proyecto de Ley de unidades básicas de ordenación rural o mapas rurales, aún pendiente de aprobarse para dar por finalizado todo el proceso de reordenación territorial. Un proyecto enquistado, en el que el PP se ha visto obligado a prorrogar su fase de enmiendas hasta cuatro ocasiones y el próximo 12 de septiembre se termina un nuevo plazo. Los socialistas no se bajan del burro y afirman que la decisión negativa del Consejo de Alcaldes de no apoyar este proyecto no se moverá, mientras que desde Podemos tampoco comparten la misma visión de Comunidad, ya que ellos huyen de las diputaciones y apuesten más por una mayor descentralización económica y política en comarcas.