La Región logra más de 20 millones de 0,7% del IRPF para fines sociales

Castilla y León recibirá más de 20 millones de euros del reparto del 0,7 por ciento de la casilla del IRPF para fines sociales.

Así se decidió en Madrid en el Consejo Territorial de Dependencia y Servicios Sociales mediante un acuerdo sellado entre la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, y los consejeros del ramo, en virtud del cual se permite por primera vez a las Comunidades gestionar este importe.

Se trata de un nuevo modelo mixto para encargarse de la recaudación de la casilla social, con un tramo estatal y otro autonómico.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, aseguró que el acuerdo da «estabilidad, certeza y garantía» al tercer sector.

Recordó que Castilla y León recibirá 20,1 millones que irán destinados en su totalidad a «las entidades sociales». De este modo, añadió, «la Junta se compromete a que esos fondos irán destinados exclusivamente a las organizaciones que vienen desarrollando 350 programas de carácter social en nuestra Región».

Alicia García señaló que si bien es un «acuerdo transitorio», que únicamente tiene vigencia para el reparto de este año, «mejoras las previsiones de futuro de un sector que había tenido muchísima incertidumbre» ante la negociación de un nuevo modelo, tras 29 años de vigencia del anterior.

Tal y como recordó la consejera, una sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de enero lo hacía «inviable» al entender que existía una invasión de competencias del Estado en las Comunidades Autónomas.

Se mostró también partidaria de que las regiones sean fiscalizadas, de tal forma que se garantice que los fondos transferidos acaban en las entidades del tercer sector. «Creo que siempre que se gestionan fondos públicos tiene que haber un control, tanto al tramo autonómico como al estatal», indicó.

Los programas que se financian gracias ala casilla «Actividades de Interés Social» van dirigidos, principalmente, a la infancia, a las familias, juventud, personas mayores, personas con discapacidad o aquellas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.

Se beneficiará en España a más de 7 millones de ciudadanos.