Castilla y León

La Universidad de Salamanca y el Consejo General del Poder Judicial se alían para fomentar investigación y docencia

Este convenio de colaboración dará más «valor añadido» a las actividades de ambas instituciones

Rafael Mozo, a la derecha de la imagen, y Juan Manuel Fernández han sido los ponentes del informe
Rafael Mozo, a la derecha de la imagen, y Juan Manuel Fernández han sido los ponentes del informelarazon

La Universidad de Salamanca (USAL) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han suscrito un convenio de colaboración con el que pretenden impulsar acciones conjuntas de formación académica y de prácticas y empleo dirigidas a magistrados y estudiantes. De esta manera se recoge en el texto del acuerdo que han firmado el rector del Estudio salmantino, Ricardo Rivero, y el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo.

Mediante este convenio, que tiene una duración de dos años prorrogables, se favorecerá la participación y colaboración de los miembros de la carrera judicial en las actividades que organice la USAL, así como de la realización de investigadores y publicaciones de interés para ambas instituciones.

El documento completa otro firmado el mes pasado entre la Universidad de Salamanca, el CGPJ y el Ministerio de Justicia, por el que se facilitará la realización de prácticas a los estudiantes matriculados en titulaciones relacionadas con profesionales de la Administración de Justicia, en los juzgados y tribunales de Castilla y León. Tras la firma, Rivero ha señalado que el acuerdo se suma a los anteriormente suscritos para la realización de prácticas de tribunales de los alumnos de la USAL, si bien incluye «objetos nuevos complementarios de realización de actividades formativas de interés común».

También ha sostenido que forma parte de «la convicción institucional» del Estudio salmantino “la colaboración con los integrantes del Poder Judicial», de los que ha dicho que «están en un primer nivel, que se forman en pruebas extraordinariamente exigentes que demuestran con su trabajo, independencia y rigor que el Estado de Derecho funciona en nuestro país».

Por su parte, Mozo ha señalado que el acuerdo se gestó en la Cumbre de Presidentes de los Presidentes de las Cortes Supremas de Iberoamérica celebrada en diciembre de 2017 y que es «muy sencillo» pero que tiene «un amplio contenido».

«Colaboramos en materias muy concretas, pero también muy amplias y es la participación y apoyo de miembros de la carrera judicial en las actividades que organice la Universidad en materias jurídicas e interdisciplinarias», ha añadido el magistrado.

Entre ellas ha incluido un curso sobre seguros y la realización de investigaciones entre ambas instituciones por lo que, según sus palabras, «el abanico es impresionante y amplio», en la confianza de que sea «eficaz y útil» para la USAL y el Poder Judicial. Asimismo, se ha referido al «estímulo» de promocionar la carrera judicial para que se celebren cursos.

Sobre el funcionamiento del Consejo de Poder Judicial, Mozo ha reconocido que aunque el mandato de los actuales miembros expiró en noviembre de 2018, en la actualidad no tiene limitación en sus funciones salvo la de elegir al nuevo presidente, ni cesarlo.