Las Cortes aprueban una ambiciosa ley que blinda los derechos de los inmigrantes

La Razón
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Participativa, consensuada, ambiciosa, necesaria y que da respuesta a un compromiso de legislatura del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Así calificó la Ley de Integración de los Inmigrantes que aprobó las Cortes regionales con los votos del PP y el Grupo Mixto, y la abstención del PSOE, el consejero de la presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, que fue el encargado de defenderla ante el Parlamento autonómico.

Al respecto, señaló que se trata de una norma que promoverá la integración social, económica, laboral y cultural de este colectivo, y garantizará sus derechos y establecerá el cumplimiento de las obligaciones que deberá asumir como fundamento de convivencia.

De Santiago-Juárez destacó que la norma beneficiará a los 172.800 ciudadanos extranjeros de fuera de la Europa de la Unión empadronados en nuestra Comunidad, y que impulsará la «coordinación» entre todas las administraciones, agentes y entidades implicados en esta materia.

Asimismo, explicó que el proyecto contempla, como competencia exclusiva, la regulación del régimen de acogida e integración económica, social y cultural de los inmigrantes en la sociedad castellano y leonesa.

El consejero de la Presidencia detalló que la norma cuenta entre sus principios, la garantía de igualdad de trato entre inmigrantes y castellanos y leoneses, la promoción de la participación de los extranjeros en asuntos públicos y el respeto a su dignidad e interculturalidad en la sociedad.

Respecto a las actuaciones públicas impulsa el fomento de la participación de los menores inmigrantes con necesidades específicas en programas de apoyo educativo, o en la enseñanza de la lengua española como elemento fundamental de integración. De esta manera, se regularán la integración en la sociedad, la reagrupación familiar y el ejercicio de los derechos en materia de salud y asistencia sanitaria, educación, servicios sociales, empleo, vivienda, cultura, turismo y deporte.

Entre otros, en el ámbito educativo ámbito educativo se contempla que las actuaciones públicas deberán ir dirigidas a garantizar el acceso y permanencia en la escolarización obligatoria en igualdad de condiciones, a fomentar la participación de los menores inmigrantes con necesidades específicas en programas de apoyo educativo, o en la enseñanza de la lengua castellana como elemento fundamental de integración. En el de servicios sociales se destaca la promoción del acceso a las prestaciones.