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Castilla y León

Los contratos de trabajo para personas con discapacidad se duplican esta legislatura

En los últimos cuatro años se suscribieron un total de 16.971 acuerdos en Castilla y León

La Razón
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Los contratos de trabajo para personas con discapacidad, en los últimos cuatro años, se duplicaron en Castilla y León.

En 2017 se alcanzaron los 16.971 contratos, seis mil más que hace cuatro años.

Así lo indica el estudio «El Mercado Laboral de las Personas Discapacitadas 2017», elaborado por el Servicio de Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), donde se pone de manifiesto el incremento progresivo de las contrataciones en este ámbito, ya que en 2014 fueron 10.950, para pasar a las 12.811 en 2015, las 15.050 de 2016 y, finalmente, las 16.971 que se dieron en 2017.

Por provincias, en el periodo de 2014 a 2017 la mayor variación dentro de las contrataciones se produjo en Ávila, donde pasaron de 674 a 1.164, lo que supuso un 72,7 por ciento; seguida de Zamora, de 628 a 1.076 contratos (71,3 por ciento); Palencia, de 1.306 a 2.193 contratos (67,9 por ciento); Valladolid, de 2.433 a 3.844 contratos (57,9 por ciento); Salamanca, de 1.042 a 1.639 contratos (77,3 por ciento); Segovia, de 603 a 933 contratos (54,7 por ciento); Soria, de 399 a 617 contratos (54,6 por ciento); Burgos, de 1.803 a 2.724 contratos (51,1 por ciento); y León, de 2.062 a 2.781 contratos (34,8 por ciento).

En cuanto a la modalidad, el 39,17 por ciento de los contratos suscritos con discapacitados en la Comunidad fueron eventuales o de circunstancias de la producción, y el 34,66 por ciento de obra o servicio. Sobre el total de contrataciones el 91,8 por ciento lo fueron temporales, y el ocho por ciento restante indefinidas. Si se analiza la evolución en el intervalo 2014-2017, se observa una incremento del 94,10 por ciento en el caso de los contratos indefinidos, y del 52,26 por ciento en los temporales.

Por sexos, en Castilla y León, la contratación masculina con discapacitados ascendió en 2017 a un total de 10.284 (2,19 por ciento respecto del total de la Comunidad con y sin discapacidad) y en mujeres hubo 6.687 contratos, (1,48 por ciento respecto del total de contratación femenina general en Castilla y León). En lo que se refiere a la evolución interanual en cuatro años se incrementó la contratación masculina un 50 por ciento y la femenina en un 62,85 por ciento.

En cuanto a la tasa de estabilidad de los discapacitados en Castilla y León, ascendió al 8,14 por ciento en 2017, con más de un punto porcentual sobre la de 2014, y en el intervalo de los últimos cuatro años se registró un ascenso de más de un punto porcentual, informa Ical.

Por nivel de formación, un 60 por ciento de los contratos realizados con discapacitados (10.317) tienen un nivel de estudios secundarios de educación general y alcanzan el 2,15 por ciento de la contratación en general.

Por sectores, la cifra mayor de contratos con discapacitados se registró en servicios (13.154 contratos), seguido de la industria (2.927), construcción (569) y agricultura (49).

La contratación con discapacitados en Castilla y León, representa, respecto a la contratación general en Castilla y León, en el caso de servicios el 1,95 por ciento; en la industria el 1,44 por ciento; en construcción el 1,55 por ciento; y en la agricultura el 0,89 por ciento.

Por ocupación a nivel autonómico, la más contratada con la condición de discapacitado en 2017 fue la de peón de la industria manufacturera, seguida de la de personal de limpieza, oficinas y hoteles, así como la de peón de obras públicas.

Mientras tanto, en los últimos cuatro años hubo una mayor incremento de los contratos concertados con discapacitados en las ocupaciones de personal de limpieza y camareros asalariados. Por el contrario se registró un descenso en las ocupaciones de repartidor de publicidad o limpia botas.

Por nacionalidad, el mayor número de contratos que se registraron con discapacitados fue de nacionalidad española y en el intervalo 2014-2017 hubo un incremento del 125 por ciento en el caso de los realizados con extranjeros de fuera de la Europa de la Unión (UE), y del 75 por ciento en el caso de los comunitarios.

La mayor parte de las contrataciones en este ámbito procedieron de fuera de la UE encabezadas por los búlgaros, rumanos, marroquíes o dominicanos.