Luz verde a la integración del tren en Valladolid y al traslado a los talleres

El convenio para la integración del ferrocarril logró el dictamen positivo de la Comisión Extraordinaria y Urgente de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid. Por ello, hoy se debatirá y previsiblemente se aprobará en el Pleno municipal, con el objetivo de evitar la desaparición de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad e impulsar la apertura de los nuevos talleres y la actuación urbana que pretende acabar con la barrera que supone hasta ahora las vías del tren en la ciudad.

El acuerdo, alcanzado en julio entre el Consistorio, la Junta y el Ministerio de Fomento, recibió de nuevo el apoyo de los grupos del equipo de Gobierno -PSOE y Valladolid Toma la Palabra-, así como de Sí se Puede, que en la anterior sesión, celebrada el lunes, se abstuvo, lo que unido al voto en contra del Partido Popular, Ciudadanos y el concejal no adscrito motivó un dictamen negativo.

En esta ocasión fue necesario el voto de calidad de la Presidencia para que saliera adelante.

Según explicó el presidente de la comisión, el teniente alcalde y edil de Urbanismo, Manuel Saravia, la exposición de la Intervención sobre las consecuencias económicas que tendría la no aprobación del convenio provocaron el cambio de posición de Sí se Puede.

De hecho, su portavoz, Charo Chávez, reconoció que sus palabras fueron «más claras» ante el hecho de que podría conllevar la disolución de la sociedad.

En concreto, Saravia y Chávez indicaron que el interventor comunicó que con toda probabilidad el convenio generaría una multa de 1 millón si no tenía el visto bueno antes del 1 de enero.

A partir de ese momento, decaería el acuerdo del Ministerio de Fomento y los bancos por lo que podrían reclamar la deuda, que ante el impago, conllevaría el concurso de acreedores de Valladolid Alta Velocidad, en el que los talleres es el principal bien para la venta.

Asimismo, ambos insistieron que sin el convenio la ciudad podría quedarse sin los talleres ferroviarios, sin la integración de las vías del tren y con una deuda económica.

De hecho, Saravia apuntó que el concurso de acreedores podría considerarse «culposo» y conllevar responsabilidades penales.