Malestar de los jubilados con pensiones extranjeras frente al acoso de Hacienda

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Sorpresa e incredulidad y profundo malestar entre los jubilados que han trabajado durante unos años en el extranjero y que ahora ven que la Agencia Tributaria les exige notificaciones para ver si están en orden las rentas percibidas desde el extranjero. Unos datos que se están empezando a solicitar desde el año 2008 -porque los anteriores han prescrito- y que, según ha podido saber este periódico tiene como origen que en que los últimos meses las autoridades tributarias han estado cruzando datos de pensionistas con los facilitados por otros países europeos y han descubierto que muchos contribuyentes perciben, además de su paga española, una pensión añadida por sus años de cotización en el extranjero, en especial en Francia y Alemania, y que en estos países no se retiene nada.

Desde el año 2008

Los primeros castellanos y leoneses afectados disponen de un plazo de diez días hábiles para presentar la documentación pertinente de las rentas percibidas desde el año 2008 -con el fin de revertir sus declaraciones desde ese año-.

Una vez presentados estos datos en la oficina de la Agencia Tributaria pertinente, el afectado deberá esperar a recibir la notificación por parte de Hacienda si todo está correcto, y si no es así se le informa al pensionista cuál es la cantidad que adeuda a la administración y se le ofrece una propuesta de pago o liquidación, además de disponer de un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones. Las cantidades pueden oscilar dependiendo de los años trabajados, las cuantías de las pensiones y sus rendimientos, pero se podrían mover entre los 1.000 y 2.000 euros al año.

En dichas cantidades se incluyen recargos por demora e incluso multas de 41 euros en el caso de no haber presentado una declaración de la renta. Además, también se puede abrir un expediente sancionador si se detectan conductas infractoras. Cabe destacar que en España no es obligatorio presentar la declaración de la renta si se cobran menos de 22.000 euros al año, pero sí cuando se cobran más de 11.000 euros de dos o más pagadores.

En algunas comunidades como Galicia, donde ya han recibido estas notificaciones, se han creadoplataformas de afectados para la defensa de sus intereses.