PSOE e IU valoran la voluntad de acuerdo de la Junta en la Ordenación del Territorio

PSOE e Izquierda Unida recogieron el guante lanzado por Juan Vicente Herrera y se escudaron en las líneas del Estatuto de Autonomía para acercar posturas de cara al desarrollo del mapa territorial en Castilla y León. Si bien, con peros. Ante la prensa comparecían, por un lado, el secretario general de los socialistas castellanos y leoneses, Julio Villarrubia, y posteriormente su compañero de partido, el portavoz en las Cortes, Óscar López. Ambos defendían la importancia de ir de la mano con la Junta, pero exigían «gestos». López, quien hoy abordará este asunto en el segundo pleno ordinario de febrero, apostó por desatascar la negociación de la Ordenación del Territorio, dado que, a su entender, «estos debates no se pueden alargar mucho en el tiempo», «no pueden estar en el aire dos meses». Por ello, consideró que es el Gobierno de Castilla y León el que tiene que decidir si quiere avanzar con los grupos parlamentarios o ir por su cuenta en el desarrollo de esta norma.

«Que elija A o B», inquirió el portavoz socialista, quien aseguró que no permitirán que «se pacte, pero luego se haga, en paralelo, lo contrario con una mano». Y puso como ejemplo la modificación de recursos sanitarios, que contrapuso al acuerdo sellado el pasado verano que supuso la reapertura continua de diecisiete consultorios locales del medio rural.

«Dejémonos de apelaciones abstractas al acuerdo y al diálogo. Hay que sentarse y pactar, porque yo sí creo en los acuerdos reales y no en los de humo», señaló Óscar López, quien desechó como fin último el «consenso para propiciar la mera foto».

A preguntas de la prensa, el líder de la oposición aseguró sentirse «defraudado» por la respuesta final de la Junta a la reforma local, aprobada a finales del año pasado. «Se han pasado meses criticando, con dureza, en particular el presidente Herrera», recordó. Por ello, se mostró sorprendido de que la Junta no haya planteado un recurso de inconstitucionalidad a la ley estatal. «Era un acto de coherencia», reflexionó.

A su entender, «lo normal es que un gobierno defienda su estatuto de autonomía», a la par que remarcó que el PSOE está dispuesto a ir de la mano en ello, porque, dijo, «la Comunidad tiene más fuerza que otras para defenderse», como consecuencia del grado de consenso logrado en las diferentes reformas del Estatuto de Autonomía.

Por su parte, Villarrubia se mostró de acuerdo en aparcar diferencias, aunque consideró ilógica la defensa del Estado del Bienestar a la par que se recortan profesionales y medios y afeó al presidente Herrera que de esa manera «no se es coherente con esa declaraciones de intenciones». Sobre la otra cuestión que puso sobre la mesa Herrera, la referida a la unidad en torno a la financiación autonómica, Villarrubia insistió en que su formación defenderá las particularidades de Castilla y León -superficie, envejecimiento, número de núcleos rurales- con el objetivo de «no salir perjudicados».

La respuesta llegó, desde el PP, por parte de Carlos Fernández Carriedo, quien aseguró que su formación «hace honor a la palabra dada», en alusión al pacto sellado el pasado año, a partir del cual se desarrolla el mapa territorial.

Desde Izquierda Unida, el también portavoz del grupo mixto, José María González insistió en que también está presente en el grupo de trabajo de la Ley de Ordenación del Territorio -que se reunió en la mañana de ayer- y recordó que su formación se abstuvo en la votación de la última reforma estatutaria porque consideraba que no se blindaban fondos a partir de criterios como la dispersión geográfica o la despoblación y el envejecimiento.

Por ello, González incidió en la necesidad de que «sumar fuerzas», aunque reclamó a la Junta que mantenga estos acuerdos, frente a «la teoría que barajan el presidente Herrera y la consejera de Hacienda -Pilar del Olmo- que cuando pasan de Guadarrama, esa frontera económica, dicen "amén"a todo lo perjudicial para Castilla y León».

Tras recordar que Castilla y León es la autonomía que mayor oxígeno aporta al Estado, además de ser la que tiene un mayor catálogo de bienes culturales y patrimoniales, consideró que la recepción de recursos conforme a una financiación centrada en la prestación efectiva de los servicios no se cimenta en la «solidaridad», sino en «justicia social» para con Castilla y León. Por otro ello, se mostró partidario del consenso en los grupos de trabajo, tal y como les pidió el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, pero lo condicionó a estas variables.