Airbnb y Colau intentarán acercar sus posturas

Ambas partes se citan para un encuentro con el objetivo de limar sus asperezas, tras las ilegalidades detectadas por el Ayuntamiento

Tras detectarse por parte del Ayuntamiento de Barcelona un total de 5.909 de pisos turísticos ilegales, desde enero de 2016 hasta el pasado mayo, todos con expedientes abiertos, puede haber una aproximación entre la agencia Airbnb y el Consistorio, a través de un intercambio de cartas.

La Asociación de Vecinos y Anfitriones de Barcelona, que agrupa a personas que alquilan sus habitaciones a través de, entre otras, la citada plataforma, envió una carta al Ayuntamiento, en la que le pidieron que se regule su actividad de manera diferenciada de las viviendas de uso turístico.

El Consistorio de Ada Colau respondió e invitó a Airbnb con la proposición de un nuevo encuentro, tal y como anunció la tercera teniente de alcalde, Janet Sanz. En la misiva, se informa a la empresa que el Ayuntamiento ha llevado a cabo en los últimos meses «un conjunto de medidas para ordenar el alquiler vacacional en la ciudad y garantizar que cumple las leyes vigentes».

Reordenación

La voluntad de la reunión es la reordenación de la oferta de alquiler vacacional. En las últimas semanas han surgido docenas de quejas de propietarios de pisos que han visto como sus inquilinos realquilaban las mismas viviendas a precios muy superiores, y muchas de ellas aparecían en anuncios de Airbnb.

No obstante, Airbnb acusó al Consistorio de realizar una “campaña de miedo y confusión contra los barceloneses”, y quiere que en este futuro encuentro estén presentes familias con pisos en la plataforma. En un comunicado, la empresa señala que espera que el Ayuntamiento explique a estas personas que legislación sobre el concepto de compartir hogar deberían seguir, y que tomen nota sobre «el miedo y la confusión» de esta campaña.

Por su parte, la carta del gobierno municipal recuerda a Airbnb que, «como ya conocen por las diferentes conversaciones mantenidas hasta el momento con varios representantes de la empresa, la voluntad y el esfuerzo del Ayuntamiento es trabajar para encajar dentro de la legalidad vigente el alquiler de viviendas para el uso turístico».

Sobre las inspecciones, cabe destacar que de los 5.909 expedientes disciplinarios abiertos en menos de un año y medio, 3.211 son sancionadores. Además, se dictaron 2.189 órdenes de cese a pisos que operaban sin disponer de la licencia correspondiente. De estos, 628 acataron la multa, y hubo 127 precintos. En cuanto a los casos de realquiler de pisos, desde julio del año pasado, el Consistorio recibió alegaciones por 316 pisos realquilados.