Antifraude pide convertir en delito el aumento no justificado de patrimonio

Inspirado en el «piensa mal y acertarás», el director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso, pidió ayer públicamente que el incremento no justificado de patrimonio de un cargo público sea tipificado como un delito.

Inspirado en el «piensa mal y acertarás», el director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso, pidió ayer públicamente que el incremento no justificado de patrimonio de un cargo público sea tipificado como un delito. El mismo día en que el fiscal general solicitó al PP datos sobre sus cuentas por el «caso Bárcenas»; el juez reclamó la lista de bienes embargables a Iñaki Urdangarín y Diego Torres, y que la Guardia Civil volvió a entrar al Ayuntamiento de Lloret de Mar en busca de más documentos para avanzar en el «caso Clotilde», el director de la Oficina Antifraude lanzó una propuesta para evitar que la política sea un negocio.

Antes de hacerla pública, De Alfonso planteó esta medida al presidente de la Generalitat, Artur Mas, durante la cumbre anticorrupción que se celebró anteayer en el Palau de la Generalitat y a la que también asistieron la presidenta del Parlament, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el fiscal superior de Cataluña, el síndico mayor de Cuentas, el síndic de Greuges y el secretario del Govern, Jordi Baiget. La iniciativa, que Mas tuvo en consideración, podría convertirse en uno de los acuerdos que salgan de la reunión.

Decisión del Gobierno

A favor de la medida, De Alfonso alegó que si el aumento injustificado de patrimonio de un cargo público fuera delito «sería mucho más fácil dar una respuesta rápida a ilegalidades». En una entrevista en Catalunya Ràdio, explicó que primero se tendría que probar la existencia del dinero y cuentas y que después el cargo público en cuestión debería demostrar que este incremento no justificado lo ha obtenido legalmente.

Aunque la presidenta del Parlament añadió que no sería de recibo no alcanzar un gran acuerdo sobre la transparencia y la gestión público, De Alfonso matizó que la potestad de incluir la tipificación del incremento injustificado de patrimonio la tiene el Gobierno, pues implica la reforma del Cófigo Penal. Esto significa que la propuesta de la OAC sólo sería una de las demandas que Cataluña puede hacer llegar al Gobierno para combatir la corrupción. Si De Alfonso hizo una propuesta, el síndic mayor de Cuentas hizo una petición. Reclamó más medios para supervisar las cuentas de los partidos y los gastos electorales, unas medidas que se recoge en el pacto parlamentario para combatir la corrupción que ha desempolvado Mas.

Los participantes en la cumbre se comprometieron a elaborar propuestas y quedaron analizarlas en una reunión el día 22. Aunque PP y Ciutadans, escépticos con los resultados de este encuentro, exigieron ayer a Mas que no celebre más cumbres de postín. El portavoz del PP, Enric Millo, invitó a los organismos de control a comparecer en el Parlament para no tener que pasar por el filtro «interesado» de Mas. Pero el Govern se ha empeñado en liderar una suerte de liga «anticorrupción», pese a que CiU no está libre de pecado. Francesc Homs admitió que no hay soluciones mágica de un día para otro, aunque cree que lo que está pasando puede marcar un punto de inflexión para una regeneración democrática.